Vox recurre la decisión y advierte de riesgos patrimoniales y legales en un caso que repite el patrón de Sa Feixina en Palma
Pedro Sánchez ha incluido el monolito de la plaza de la Explanada de Mahón en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, ordenando su retirada en un plazo de seis meses. El monumento, erigido en 1939 y resignificado en 2009 para homenajear a «todos los caídos por España», enfrenta ahora un recurso de Vox que exige su suspensión cautelar y la nulidad del expediente por irregularidades en el procedimiento.
La formación de Santiago Abascal denuncia que la decisión ignora el informe del Consell de Menorca, competente en patrimonio histórico, y advierte de que la demolición dañaría el yacimiento arqueológico malacótico sobre el que se asienta el monumento. Además, Vox acusa al Gobierno de «reescribir la historia» con una medida que recuerda al caso del monolito de Sa Feixina en Palma, también recurrido por la formación y protegido por los tribunales.
El Gobierno central justifica la orden en la Ley de Memoria Democrática de 2022, que actualiza la normativa de 2007. Sin embargo, Defensa, titular del terreno y del monumento, reconoció en 2021 —bajo la ministra Margarita Robles— que el conjunto cumplía con la ley tras la retirada de símbolos franquistas en 2009. La nueva clasificación, según Vox, vulnera tanto el patrimonio como el procedimiento administrativo.
El caso de Mahón se suma a la lista de monumentos resignificados pero ahora impugnados por el Gobierno, como el de Sa Feixina, dedicado a las víctimas del crucero Baleares. Ambos fueron modificados en 2009 por gobiernos socialistas —Aina Calvo, entonces alcaldesa de Palma y hoy secretaria de Estado de Seguridad, impulsó la resignificación de Sa Feixina—, pero ahora el Ejecutivo los considera «contrarios a la memoria democrática».
¿Qué implica esta decisión?
Un procedimiento sin consenso y con precedentes judiciales
El expediente de Mahón se tramitó sin el informe del Consell de Menorca, lo que Vox califica de «vicio de nulidad». La administración insular, competente en patrimonio histórico, no fue consultada, a diferencia de otros casos como el de Sa Feixina, donde el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares avaló su legalidad tras la resignificación. El partido de Abascal argumenta que esta omisión invalida la orden de retirada, especialmente porque el monumento fue construido sobre un yacimiento arqueológico malacótico, declarado Bien de Interés Cultural.
Además, la decisión contrasta con la postura de Defensa, que en 2021 certificó que el monolito cumplía la Ley de Memoria Histórica de 2007 tras eliminar símbolos franquistas. La nueva clasificación bajo la Ley de Memoria Democrática —aprobada en 2022— ignora este precedente y abre un debate sobre qué criterios aplican ahora para evaluar estos monumentos. Mientras, Vox insiste en que la medida responde a una «agenda ideológica» que busca «dividir a los españoles».
El patrón de Sa Feixina: ¿un precedente que el Gobierno ignora?
El caso de Mahón repite el esquema del monolito de Sa Feixina, en Palma, retirado en marzo de 2026 tras ser incluido en el mismo catálogo. Ambos fueron resignificados en 2009 —el de Mahón por el Ayuntamiento de Mahón y el de Palma por el gobierno de Aina Calvo—, pero ahora el Gobierno central los considera «contrarios a la memoria democrática». Vox denuncia que se repite el mismo error: ignorar resoluciones judiciales que avalaron su legalidad tras las modificaciones.
En el caso de Sa Feixina, el TSJB confirmó en 2023 que el monumento, dedicado a las víctimas del crucero Baleares, cumplía la normativa tras eliminar referencias franquistas. Sin embargo, el Gobierno lo incluyó en la lista negra en 2026, argumentando que su origen «exalta la violencia política». La formación de Abascal señala que esta contradicción refleja una «inconsistencia legal» que debilita la credibilidad de las medidas de memoria histórica.
¿Qué se juega cada actor?
Pedro Sánchez apuesta por una memoria histórica más estricta, alineada con la Ley de Memoria Democrática, que amplía el catálogo de símbolos a retirar. Para el Gobierno, estos monumentos —aunque resignificados— mantienen un «legado franquista» que debe erradicarse. Sin embargo, esta postura enfrenta resistencia en territorios como Menorca, donde el patrimonio histórico y la identidad local están estrechamente ligados a estos símbolos.
Vox, por su parte, ve en estas decisiones una estrategia para «reabrir heridas» y polarizar el debate. Su recurso en Mahón busca frenar la retirada y exponer lo que considera «irregularidades administrativas». Para la formación, la medida es un ejemplo de cómo el Gobierno «imposición su narrativa» sin consenso social o institucional.
En el Consell de Menorca, la polémica ha reactivado el debate sobre la gestión del patrimonio. Fuentes cercanas al gobierno insular señalan que la falta de consulta previa con el Ejecutivo central «vulnera el principio de lealtad institucional». Mientras, en Defensa, la postura ha cambiado desde 2021: entonces, bajo Margarita Robles, se defendía la legalidad del monumento; ahora, con la nueva ley, se alinea con la retirada ordenada por el Ministerio de Memoria Democrática.
El caso también pone en evidencia las tensiones entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de patrimonio. Mientras el Gobierno central actúa bajo la Ley de Memoria Democrática, regiones como Baleares o Canarias —donde hay otros monumentos en disputa— podrían verse obligadas a revisar su gestión de símbolos históricos. La pregunta clave es si estos expedientes se resolverán en los tribunales, como ocurrió con Sa Feixina, o si el Gobierno impondrá su criterio sin más apelaciones.
¿Qué pasa ahora?
El plazo para la retirada del monolito de Mahón es de seis meses, pero Vox ha presentado un recurso de alzada que podría paralizar la orden. Si el tribunal competente —probablemente el TSJB, como en el caso de Sa Feixina— avala la legalidad del procedimiento, el monumento será derribado. Si, en cambio, anula la decisión por irregularidades, el Gobierno deberá reabrir el expediente, posiblemente con más consultas a las instituciones locales.
Mientras, el debate sobre qué hacer con estos monumentos sigue abierto. La Ley de Memoria Democrática establece criterios más amplios que la de 2007, pero su aplicación práctica choca con la realidad de territorios donde estos símbolos tienen un valor histórico y emocional compartido. El caso de Mahón, por tanto, no es solo una disputa por un monolito: es un test sobre hasta dónde puede llegar el Estado en la reescritura de la memoria colectiva.
