La crisis migratoria en Ceuta llega a Estrasburgo con acusaciones cruzadas, un correo de Rabat a eurodiputados y un debate que enfrenta al PP, PSOE y Vox sobre la responsabilidad marroquí
Magnus Brunner, comisario europeo de Interior y Migración, reconoció ayer en el Parlamento Europeo que la crisis migratoria en Ceuta fue un «test de estrés» para la Unión Europea y anunció que viajará hoy a Madrid para coordinar con el Gobierno español el retorno de los migrantes que entraron ilegalmente. «Todas las personas que hayan entrado sin derecho a permanecer deben regresar rápidamente a Marruecos», declaró Brunner, quien advirtió que la UE debe «redoblar esfuerzos» para evitar nuevos episodios similares.
El debate en Estrasburgo expuso las divisiones internas de España y la UE sobre el papel de Marruecos. Mientras el Partido Popular Europeo (PPE), liderado por Dolors Montserrat, acusó a Rabat de «responsabilidad por acción u omisión» y exigió suspender acuerdos bilaterales, los socialistas europeos defendieron la cooperación con el reino alauí. Iratxe García Pérez, presidenta de los socialistas en el Parlamento Europeo, pidió «más solidaridad» entre Estados miembros y recordó que la UE ya había apoyado a Polonia y Lituania frente a la instrumentalización migratoria por parte de Bielorrusia.
Vox fue el partido más crítico: su eurodiputado Jorge Buxadé instó a «suspender el acuerdo de asociación con Marruecos» y a paralizar visados y permisos de residencia para marroquíes, excepto los relacionados con retornos. Por su parte, Estrella Galán, de Sumar, denunció que la externalización de fronteras «alquila la soberanía europea» y convierte a los migrantes en «munición política».
El texto del PP, que pide a Marruecos «asumir sus responsabilidades como socio clave de la UE», contrasta con el de los socialistas, que agradecen la cooperación marroquí. La resolución final, que se votará mañana, podría incluir referencias a la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno español, un tema que los populares vinculan directamente a la crisis de Ceuta, aunque la Comisión Europea lo ha descartado.
El correo de Rabat a eurodiputados: ¿influencia política o gesto diplomático?
Una filtración obtenida por La Vanguardia revela que Marruecos envió un correo a varios eurodiputados para influir en el debate. En el documento, Rabat se compromete a readmitir a «todas las personas afectadas», incluidos marroquíes y menores no acompañados, y reitera su cooperación con España y la UE. Sin embargo, el texto también subraya que el Gobierno español «ha declarado públicamente que no atribuye a Marruecos la responsabilidad» de los hechos. Oihane Agirregoitia, del PNV, fue quien desveló la existencia de este correo durante la sesión.
El correo, dirigido a parlamentarios europeos, llega en un momento clave: mientras el PP exige medidas contundentes contra Marruecos, el PSOE y la Comisión Europea insisten en mantener el diálogo. La eurodiputada socialista Iratxe García Pérez cuestionó incluso el ejemplo de Giorgia Meloni, primera ministra italiana, al señalar que «Europa ya estuvo con Polonia y Lituania» frente a la presión migratoria de Bielorrusia.
¿Qué se juega cada actor en el debate europeo?
Para el PP, la crisis de Ceuta es una oportunidad para debilitar la imagen de Pedro Sánchez y exigir un giro en la política migratoria. Su portavoz en Bruselas, Dolors Montserrat, llegó a calificar al presidente del Gobierno de «cómplice y culpable» por haber viajado de vacaciones tras los hechos. El partido presiona para que la resolución europea incluya sanciones a Marruecos, como la suspensión de acuerdos bilaterales.
El PSOE, en cambio, busca evitar una ruptura con Rabat. Su texto en el Parlamento Europeo evita menciones a responsabilidades marroquíes y se centra en «mantener relaciones sólidas» con terceros países. La presidenta de los socialistas europeos, Iratxe García Pérez, advirtió que un consenso en la resolución será difícil si se menciona la regularización de migrantes, una medida que el PP vincula directamente a la crisis.
Vox apuesta por una línea más dura: su eurodiputado Jorge Buxadé propuso suspender todos los acuerdos con Marruecos, excepto los relacionados con retornos. Esta postura choca con la de la Comisión Europea, que descarta cualquier conexión entre la regularización aprobada por el Gobierno y la crisis migratoria.
Marruecos, por su parte, intenta mantener su imagen como socio clave de la UE. El correo filtrado a eurodiputados refleja su estrategia: asumir el compromiso de readmitir migrantes, pero negar cualquier responsabilidad directa en la crisis. Sin embargo, la presión política en Bruselas podría forzar a Rabat a adoptar medidas más contundentes para evitar un deterioro de su relación con la Unión Europea.
El contexto: ¿un patrón de ataques híbridos contra la UE?
La crisis de Ceuta no es un hecho aislado. Iratxe García Pérez recordó que la UE ya había enfrentado episodios similares, como la instrumentalización de la migración por parte del régimen de Alexander Lukashenko en Bielorrusia contra Polonia y Lituania. Este patrón sugiere que terceros países usan la migración como «arma política» para presionar a la Unión Europea.
En el caso de Marruecos, las tensiones con España se remontan a años atrás, especialmente tras la crisis del Sáhara Occidental y los conflictos por la pesca en aguas marroquíes. La entrada masiva de migrantes en Ceuta en julio de 2026 reavivó estas disputas, con acusaciones cruzadas entre Madrid y Rabat sobre quién tiene la responsabilidad de gestionar las fronteras.
La resolución que se votará mañana en el Parlamento Europeo será clave para definir el futuro de las relaciones entre la UE, España y Marruecos. Si el texto incluye sanciones o exigencias a Rabat, podría escalar el conflicto. Si, por el contrario, se opta por un enfoque diplomático, la crisis podría quedar relegada a un episodio puntual sin consecuencias a largo plazo.
Lo que sí parece claro es que la UE está bajo presión. Magnus Brunner advirtió que la crisis de Ceuta fue un «test de estrés» para el sistema europeo, y su viaje a Madrid hoy refleja la urgencia por encontrar una solución conjunta. Sin embargo, las divisiones internas entre partidos y Estados miembros hacen difícil alcanzar un consenso rápido.
