La delegada de la Junta en Ciudad Real vincula la actividad cinegética a la sostenibilidad y al mantenimiento de la población en zonas despobladas
La delegada de la Junta de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, **Blanca Fernández**, ha defendido este jueves que la caza es un **elemento clave para el desarrollo económico y social** del medio rural, especialmente cuando se ejerce bajo criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Según Fernández, esta actividad es «más que necesaria» para **mantener la población en zonas despobladas** de la región.
La postura de Fernández se enmarca en un debate recurrente en Castilla-La Mancha, donde la caza ha sido históricamente una práctica consolidada con un impacto directo en la economía local, especialmente en municipios con baja densidad poblacional. La región cuenta con una **ley autonómica específica (Ley 4/2006) que regula la actividad cinegética**, priorizando su compatibilidad con la conservación de la biodiversidad y el desarrollo rural.
El argumento de Fernández conecta con datos recientes del **Instituto Nacional de Estadística (INE)**, que señalan cómo el **envejecimiento de la población y la despoblación** afectan especialmente a las zonas rurales de Castilla-La Mancha, donde la caza —junto a la agricultura y el turismo— actúa como uno de los principales **motores de fijación de población**. Sin embargo, su defensa llega en un contexto de creciente tensión entre sectores ecologistas y cinegéticos, especialmente tras protestas en otras comunidades como Andalucía o Extremadura por la gestión de cotos y la protección de especies.
La declaración de Fernández no menciona reacciones concretas de otros actores políticos o ecologistas, pero sí refuerza una línea institucional que ya había sido defendida por el **Gobierno regional de Emiliano García-Page** en informes previos, donde se destacaba el papel de la caza en la **generación de empleo y riqueza en el mundo rural**. La próxima semana, la Junta presentará un **plan de sostenibilidad cinegética** que incluirá medidas para equilibrar la actividad con la conservación de especies, aunque aún no se han detallado los plazos ni las zonas prioritarias.
