La Eurocámara, impulsada por el PP, pide a los Estados miembros que clasifiquen estas profesiones como de alto riesgo y equipare a los agentes con recursos adecuados
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, se enfrenta a un reconocimiento institucional sin precedentes desde Bruselas: el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que califica como «de alto riesgo» la labor de los agentes que combaten el narcotráfico en las costas y fronteras europeas. El texto, impulsado por el Partido Popular español, insta a los Estados miembros a reflejar este estatus en los estatutos profesionales y la protección social de policías, guardias civiles, agentes de fronteras, funcionarios de aduanas y otros colectivos expuestos a amenazas criminales. La resolución, aprobada el pasado jueves en Estrasburgo, llega en un momento de creciente tensión por los ataques a agentes en España, donde los fallecimientos en operaciones antinarcóticos se han disparado un 48% en la última década.
La Eurocámara destaca expresamente los casos de Germán y Jerónimo, dos guardias civiles fallecidos en febrero de 2024 en Barbate (Cádiz) al ser embestidos por una narcolancha, así como los dos agentes muertos en mayo de 2026 en Huelva durante una persecución similar. «Las redes delictivas no solo evolucionan con rapidez, sino que también son cada vez más agresivas y están más interconectadas», advierte el texto, que subraya la necesidad de aumentar recursos operativos y equipar a los agentes con embarcaciones, formación y protección jurídica adecuadas. La resolución deja en evidencia la negativa del ministro Fernando Grande-Marlaska a comparecer en la Eurocámara cuando fue requerido para explicar los sucesos en Barbate, un rechazo que contrasta con el respaldo institucional ahora recibido desde Bruselas.
El reconocimiento llega tras años de presión por parte de sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, que han presentado propuestas normativas en la UE para mejorar las condiciones de estos agentes. La resolución europea no solo valora su labor, sino que obliga a los Estados a clasificar estas profesiones como de alto riesgo en sus legislaciones nacionales, un paso que podría tener repercusiones directas en España, donde el Gobierno ha sido criticado por su gestión en la lucha contra el narcotráfico.
El contexto: una lucha desigual en las costas andaluzas
Andalucía, y en particular las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva, concentran el 80% de los interceptamientos de droga en España, según datos de la Guardia Civil. La región es el principal punto de entrada de cocaína y hachís procedente de América Latina y Marruecos, lo que convierte a los agentes que operan en estas zonas en blancos prioritarios para las organizaciones criminales. Los ataques a agentes se han multiplicado en los últimos años: mientras en 2016 se registraron 12 incidentes graves, en 2025 la cifra superó los 50, según informes internos de las fuerzas de seguridad consultados por El Debate. Estos datos contrastan con la percepción pública, donde el narcotráfico suele asociarse más a grandes operaciones en puertos que a la exposición diaria de agentes en patrulleras o puntos de control costeros.
La resolución europea también hace hincapié en la falta de coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y las administraciones autonómicas. Mientras la Guardia Civil y la Policía Nacional dependen del Ministerio del Interior, las comunidades autónomas gestionan sus propias policías autonómicas y cuerpos de seguridad portuaria, lo que dificulta la respuesta conjunta a amenazas como las narcolanchas. Este fragmentación institucional ha sido señalada por expertos como uno de los principales obstáculos para mejorar la protección de los agentes en primera línea.
Implicaciones: ¿Qué cambia ahora para España?
La resolución del Parlamento Europeo no es vinculante, pero sí ejerce presión política sobre los Estados miembros para que adapten sus legislaciones. En el caso de España, el Gobierno podría verse obligado a revisar los estatutos de los cuerpos de seguridad, especialmente en lo referente a compensaciones por riesgo, formación específica y equipamiento. Sin embargo, el verdadero desafío será la aplicación práctica: mientras la Eurocámara pide «embarcaciones, equipo y protección jurídica necesarios», el presupuesto destinado a la lucha antinarcóticos en España ha caído un 12% en los últimos tres años, según datos del Ministerio del Interior.
El Partido Popular, impulsor de la resolución, ha anunciado que presentará una proposición de ley en el Congreso para transponer las recomendaciones europeas. «Esta resolución es un reconocimiento a quienes arriesgan su vida cada día contra el narcotráfico», declaró una fuente del grupo parlamentario europeo del PP, que ha criticado la «falta de sensibilidad» del Gobierno hacia estos colectivos. Por su parte, los sindicatos policiales, como la Unión Sindical de Policía (USP) y Comisiones Obreras (CCOO) de policías, han celebrado el texto, pero advierten de que «sin recursos adicionales, estas palabras quedarán en papel».
El ministro Fernando Grande-Marlaska no ha hecho aún ninguna declaración pública sobre la resolución, pero fuentes del Ministerio del Interior indican que se está evaluando su impacto. Lo que sí ha quedado claro es que la Eurocámara ha puesto el foco en un problema que España lleva años arrastando: la falta de reconocimiento institucional y material para quienes combaten el narcotráfico en primera línea. Mientras, en las costas andaluzas, los agentes siguen expuestos, con cada vez menos medios para hacer frente a una amenaza que, según la resolución, «no para de crecer».
