La documentación desvela un contrato de 10 años con carencia de 15 meses y un alquiler por debajo del mercado, pese a la polémica por su origen en una compra opaca
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso alquila desde agosto un ático en Chambera por **3.000 euros mensuales** —un 30% menos que el precio medio de la zona—, según los documentos ahora públicos de la operación. El contrato, firmado por **Planifica Madrid** (sociedad vinculada a la Comunidad) con la inmobiliaria **Promueva**, incluye un uso explícito como «inmueble institucional de carácter residencial» para autoridades, contradiciendo las versiones anteriores de la presidenta sobre su destino.
La compra inicial del ático, por **6,3 millones de euros** en abril de 2026, generó polémica por un **acuerdo de confidencialidad previo** que obligaba al vendedor a no divulgar detalles ni siquiera antes de visitar el piso. Los gastos asociados —impuestos, notaría y registro— superaron los **381.000 euros**, según la documentación de 200 páginas ahora analizada por *elDiario.es*. El alquiler, con un periodo de carencia de **15 meses** (hasta noviembre de 2027), suma **315.000 euros** en total, pero el inmueble sigue sin uso tras la rescisión del contrato.
La **Intervención General de la Comunidad de Madrid** ya advirtió en julio sobre «deficiencias» en el proceso, como la falta de un estudio comparativo de precios o justificación detallada de la necesidad del inmueble. El documento oficial reconoce que se destinará a «apoyo a sedes oficiales», con zonas de trabajo y alojamiento ocasional para autoridades en visita. Sin embargo, la oposición y la Intervención cuestionan la opacidad de la operación, especialmente tras revelarse que el ático se compró a través de una sociedad instrumental sin concurso público.
El caso se enmarca en la creciente tensión por la gestión de patrimonio público en Madrid, donde el PP ha sido criticado por operaciones similares sin transparencia. Mientras, el contrato de alquiler —firmado en julio— refleja una estrategia para evitar la devolución del inmueble tras la polémica, aunque su uso real sigue sin aclararse. La documentación desvela además que **Promueva**, la inmobiliaria intermediaria, exigió cláusulas de confidencialidad extremas, incluso después de cerrar la compra.
