Gamarra registra una proposición de ley orgánica para reformar la Ley de Fuerzas y Cuerpos del Estado tras el aumento del 0,5% de la criminalidad.
El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para reformar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El objetivo, según la formación, es dotar a policías nacionales y guardias civiles de mayor capacidad de respuesta y protección frente al crimen organizado. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, presentó la iniciativa este viernes en Murcia, durante una reunión de trabajo con cargos populares de los 45 municipios de la comunidad.
Gamarra justificó la reforma en el último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior. Ese informe registra 1.217.476 infracciones penales entre enero y junio de 2026, un 0,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Los mayores incrementos corresponden a delitos de lesiones y riña tumultuaria, que suben un 10%, y a tráfico de drogas, con un alza del 8,3%. Las agresiones sexuales repuntan un 4%. Por comunidades, Aragón acumula el mayor aumento de delitos, con un 8,8%, seguida de Islas Baleares, con un 7,9%, y Castilla-La Mancha, con un 7%.
La dirigente popular atribuyó esas cifras a dos causas. La primera, según un comunicado difundido por su partido, es «la ineficacia y el desinterés del Gobierno de Sánchez por la seguridad de los ciudadanos». La segunda, «la falta de una política eficaz por parte del Ministerio del Interior para luchar contra la delincuencia». Gamarra también alertó de la «ausencia de medios materiales y humanos» para los agentes.
El episodio de las narcolanchas en la costa de Águilas
El PP sostiene que las asociaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil vienen advirtiendo de que las mafias del narcotráfico operan con armamento de guerra. Gamarra puso el foco en el uso de narcolanchas contra la integridad física de los agentes. «Las narcolanchas, en sí mismas, ya son un arma que se utiliza contra nuestros agentes», afirmó durante su comparecencia en la sede del PP murciano.
La dirigente popular vinculó esa denuncia a un episodio ocurrido este verano en la costa de Águilas, en Murcia. Tres agentes del Servicio Marítimo fueron embestidos por narcotraficantes y se vieron obligados a disparar para poder arrestarles. Gamarra insistió en ese caso para explicar por qué la reforma incluye dotar a los agentes de la posibilidad de utilizar armas de fuego cuando sea necesario. «Se trata de proteger la integridad y la vida de aquellos que tienen que luchar contra el narcotráfico en primera línea», defendió.
El Ministerio del Interior, consultado por Europa Press, ofrece una lectura distinta de los datos. Fuentes del departamento atribuyen el aumento sostenido de los delitos contra la libertad sexual, en parte, a las políticas activas de concienciación. Sobre el incremento del tráfico de drogas, sostienen que se trata de un indicador de actividad policial, no solo de un repunte delictivo.
Qué cambia la reforma y a quién afecta
La proposición de ley orgánica modifica distintos apartados de la normativa vigente. El PP la presenta como respuesta directa a las peticiones de los colectivos que representan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. «La reforma legal que hoy presentamos en la Región de Murcia es la que solicitan los agentes y sus familias para poder llevar a cabo su labor», señaló Gamarra.
La iniciativa afecta a los cerca de 150.000 policías nacionales y guardias civiles en activo, según los datos públicos del propio Ministerio del Interior. El texto registrado busca reforzar su protección jurídica y operativa. Para tramitarse como ley orgánica, la proposición necesita mayoría absoluta del Congreso, 176 escaños, un umbral que el PP no alcanza en solitario. Eso obliga a los populares a negociar apoyos si quieren que la reforma salga adelante.
La reunión de Murcia sirvió también para coordinar a los responsables de seguridad del PP en los 45 municipios de la región. En el encuentro participaron el secretario general del PP murciano, José Miguel Luengo, y el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, con competencias en Emergencias. La elección de Murcia no es casual: es una de las comunidades donde el PP gobierna y donde el narcotráfico tiene presencia activa en el litoral.
El debate sobre la protección de las fuerzas de seguridad llega al Congreso en un momento de tensión entre el PP y el Ministerio del Interior por la gestión de la seguridad ciudadana. Los populares han convertido la criminalidad en uno de sus ejes de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. La proposición registrada este viernes es el primer paso parlamentario de esa estrategia en el ámbito de la seguridad.
