El consejero Julián Martínez Lizán reclama menos burocracia y un modelo de gobernanza compartida con las CCAA en la reforma de la Política Agraria Común
Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, ha exigido este jueves en el Consejo Consultivo de Política Agrícola que la próxima reforma de la PAC (Política Agraria Común) simplifique las ayudas y reserve al menos el 10% del presupuesto para jóvenes agricultores, según informó la Junta en un comunicado.
La región defiende un modelo de gobernanza compartida entre el Estado y las comunidades autónomas, con mayor autonomía para diseñar medidas adaptadas a sus necesidades territoriales. Martínez Lizán reclamó que las CCAA gestionen directamente las intervenciones agrarias, evitando duplicidades administrativas, y que los pequeños agricultores —aquellos que cobran menos de 5.000 euros anuales— tengan un trato preferente.
El consejero propuso también mantener las ayudas vinculadas a sectores estratégicos como la apicultura, el azafrán o el viñedo tradicional de secano, y que la Intervención Sectorial Vitivinícola siga financiándose íntegramente con fondos europeos. Castilla-La Mancha apuesta por un sistema de ayudas basado en una única región nacional con un importe fijo por hectárea, similar al de otros Estados miembros, para reducir la carga burocrática.
En el debate, que también incluyó la participación del ministro de Agricultura, Luis Planas, Martínez Lizán subrayó la necesidad de unificar posturas entre las CCAA para negociar con la UE. Recordó que en anteriores reuniones del Consejo Consultivo se alcanzó un documento unánime que recoge la posición común de España, aunque reconoció que cada comunidad tiene necesidades específicas. «Todos compartimos las mismas dificultades: riesgos climáticos, comerciales y la urgencia de modernizar el sector», declaró.
La reforma de la PAC, que se negociará en Bruselas, afecta directamente a más de 100.000 explotaciones agrarias en Castilla-La Mancha, donde el sector representa el 4,5% del PIB regional. La región, primera productora nacional de trigo y cereales, depende en un 30% de sus ingresos de las ayudas europeas.
