La asociación recurre la sentencia por la contratación irregular de Luis María Carrero, asesor de Moncloa vinculado al hermano del presidente del Gobierno, y exige la devolución de salarios percibidos
David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y Luis María Carrero, su colaborador en Moncloa, vuelven a ser el centro de una investigación judicial tras la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de aclarar aspectos clave de la sentencia que los condenó por prevaricación administrativa. Este jueves, la asociación Hazte Ór ha presentado una nueva denuncia contra David Azagra, presidente de la Diputación de Badajoz, y Miguel Ángel Gallardo, exsecretario general de los socialistas en Extremadura, ampliando las acusaciones a tráfico de influencias y solicitando penas de prisión de hasta seis años para Azagra y cuatro para Gallardo.
El conflicto judicial gira en torno a la creación de una plaza de Coordinador de Actividades Musicales en los conservatorios de la Diputación de Badajoz, un puesto que, según la sentencia, carecía de funciones reales y fue diseñado específicamente para Carrero, quien ya trabajaba como asesor en la Unidad de Mensaje de Moncloa antes de ser contratado oficialmente en 2024. Los correos electrónicos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) revelan que Carrero se dirigía a Sánchez con términos afectuosos como *»querido hermanito»*, lo que refuerza las sospechas de un uso irregular de la administración pública para beneficiar a cercanos al Gobierno central.
La nueva denuncia de Hazte Ór se centra en tres ejes: la ampliación de la condena por prevaricación, la inclusión de delitos de tráfico de influencias en concurso con los ya sentenciados, y la exigencia de devolver los salarios percibidos por Sánchez y Carrero durante el tiempo que ocuparon puestos públicos sin justificación legal. Sin embargo, la Diputación de Badajoz ya ha confirmado que no reclamará esos salarios, una decisión que contrasta con las peticiones de la asociación.
Manos Limpias, la organización que inició la denuncia original, ha anunciado que presentará una querella adicional contra Gallardo por el *»enchufe»* de Carrero, un cargo que hasta ahora no había sido objeto de investigación penal. La sentencia inicial condenó a Azagra a 18 años de inhabilitación por la contratación irregular de Sánchez y por un cambio de puesto sin justificación, mientras que Carrero recibió una pena de 9 años de inhabilitación por los mismos hechos.
El papel clave de Luis María Carrero y su vínculo con Moncloa
La figura de Luis María Carrero es central en este caso. Antes de su contratación en la Diputación de Badajoz, trabajaba como asesor en la Unidad de Mensaje de Moncloa, un puesto que le permitía mantener contacto directo con el entorno del presidente del Gobierno. Su incorporación oficial en 2024 a la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación —un organismo dependiente de Azagra— generó sospechas desde el principio, especialmente porque el puesto no estaba previsto en la plantilla y su descripción de funciones era ambigua. Los correos electrónicos intervenidos por la UCO revelan que Carrero ya realizaba tareas para Sánchez antes de su contratación formal, lo que refuerza la teoría de que se trataba de un *»puesto fantasma»* creado para evitar controles legales.
La sentencia inicial ya estableció que la plaza fue diseñada para *»auxiliar al hermano del presidente del Gobierno en sus proyectos operísticos»*, un detalle que ahora Hazte Ór utiliza para solicitar la revisión de la condena. La asociación argumenta que la creación de este puesto no solo fue un acto de prevaricación, sino también un ejemplo de tráfico de influencias, al utilizar la administración pública para beneficiar a un particular vinculado a un cargo de relevancia nacional.
Las estrategias legales de las partes y los plazos judiciales
El auto de la Audiencia Provincial de Badajoz, publicado el miércoles, aclaró que *»reserva a las acusaciones la posibilidad de emprender acciones»* adicionales, lo que ha permitido a Hazte Ór y Manos Limpias presentar nuevas denuncias. Sin embargo, el proceso judicial enfrenta plazos ajustados: la Diputación de Badajoz ya ha decidido no reclamar los salarios percibidos por Sánchez y Carrero, una medida que podría limitar las compensaciones económicas que buscan las asociaciones. Además, la querella adicional contra Gallardo por tráfico de influencias podría alargar el proceso, ya que este delito no estaba inicialmente incluido en la investigación.
El caso también pone en evidencia las tensiones entre la administración autonómica y el Gobierno central. Mientras Azagra y Gallardo fueron condenados por su papel en la contratación irregular, la implicación de Sánchez —hermano del presidente— ha mantenido una atención mediática constante. La decisión de la Audiencia de reabrir el caso sugiere que los jueces consideran que hay elementos no resueltos, especialmente en torno a la figura de Carrero y su relación con Moncloa.
Antecedentes: el caso que sacudió a la Diputación de Badajoz
El origen de este escándalo se remonta a 2022, cuando Manos Limpias presentó una denuncia por presunta prevaricación administrativa tras descubrir que la plaza de Coordinador de Actividades Musicales había sido creada de forma irregular. La investigación reveló que el puesto no estaba previsto en los presupuestos de la Diputación y que su única función aparente era apoyar los proyectos culturales de Sánchez. Durante el juicio, se demostró que Carrero ya trabajaba para Sánchez en Moncloa antes de su contratación oficial, lo que llevó a los jueces a concluir que se trataba de un *»puesto fantasma»* diseñado para evitar controles legales.
La sentencia, dictada en 2025, condenó a once personas, incluyendo a Azagra, Gallardo y Sánchez, por prevaricación. Sin embargo, la exclusión de cargos penales más graves —como tráfico de influencias— ha permitido a las asociaciones presentar nuevas acusaciones. Este caso es un ejemplo de cómo los *»puestos fantasma»* en la administración pueden ser utilizados para beneficiar a particulares, especialmente cuando estos tienen vínculos con cargos políticos de alto nivel.
Implicaciones políticas y el riesgo de repetición
El caso de Badajoz no es aislado: en los últimos años, varios escándalos han puesto de manifiesto el uso de la administración pública para favorecer a cercanos de figuras políticas. La implicación de Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, añade una capa de complejidad, ya que su caso está directamente vinculado a la imagen del Ejecutivo central. Aunque la sentencia inicial no incluyó cargos penales para Sánchez —solo para su hermano—, la nueva denuncia de Hazte Ór podría reabrir este frente.
Para los partidos de la oposición, este caso refuerza la narrativa de una *»casta política»* que utiliza los recursos públicos para beneficiar a sus allegados. Vox y Partido Popular han criticado en repetidas ocasiones la falta de transparencia en la gestión de puestos administrativos, especialmente cuando estos involucran a familiares de cargos de gobierno. En este contexto, la decisión de la Audiencia de Badajoz de permitir nuevas acusaciones podría servir para presionar al Gobierno central a adoptar medidas más estrictas de control en la contratación pública.
Por otro lado, el caso también plantea preguntas sobre la eficacia de las asociaciones ciudadanas en la lucha contra la corrupción. Hazte Ór y Manos Limpias han demostrado que, incluso cuando los tribunales cierran un caso, las denuncias ciudadanas pueden reabrirlo. Sin embargo, el éxito de estas acciones depende en gran medida de la disposición de los jueces a revisar sentencias previas, algo que en este caso parece estar ocurriendo.
El plazo para que la justicia resuelva sobre las nuevas acusaciones es incierto, pero el caso ya ha dejado claro que la contratación irregular de puestos públicos —especialmente cuando benefician a particulares vinculados a la política— sigue siendo un problema sin resolver en España. La decisión de la Diputación de Badajoz de no reclamar los salarios percibidos por Sánchez y Carrero podría interpretarse como un intento de cerrar el caso por la vía administrativa, pero las asociaciones no parecen dispuestas a dejarlo ahí.
