Manuel Gavira tilda a los socialistas de «puteros» durante el debate sobre las competencias de asistencia a víctimas de violencia machista
El pleno del Parlamento de Andalucía vivió este jueves un choque de alta tensión entre Vox y el PSOE-A. El consejero autonómico Manuel Gavira llamó «puteros» a los diputados socialistas durante el debate. También afirmó que la formación de izquierdas justifica una supuesta «invasión» migratoria en Ceuta.
Las declaraciones provocaron protestas inmediatas de la bancada socialista en el salón de plenos de Sevilla. El diputado Josele Aguilar denunció los insultos desde su escaño sin tener el turno de palabra. La portavoz adjunta del grupo, Ángeles Férriz, exigió amparo formal ante la Presidencia de la Cámara. Ana Mestre, vicepresidenta parlamentaria del Partido Popular al frente de la sesión, intentó contener los reclamos de los diputados. Mestre recordó que antes se habían proferido acusaciones cruzadas en las que se tildaba a Vox de formación machista y racista.
La disputa parlamentaria arrancó con la intervención previa de la parlamentaria socialista Olga Manzano. Manzano cuestionó la cesión de las áreas de asistencia y protección judicial de víctimas de violencia machista a Vox dentro de la Junta de Andalucía. La diputada calificó el traspaso como una decisión sin precedentes en las comunidades autónomas. La dirigente socialista censuró la política del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, en una comunidad que encabeza las estadísticas de mujeres asesinadas.
En su réplica, el consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local defendió la gestión de su formación. Gavira sostuvo que 1.233 agresores sexuales obtuvieron rebajas de penas judiciales por las reformas legales promovidas por los socialistas. El dirigente de Vox arremetió de forma directa contra el discurso feminista del PSOE y mencionó al exministro José Luis Ábalos. El diputado Rafael Recio solicitó de manera formal la retirada de los términos des calificativos mediante la aplicación del artículo 77.3 del reglamento de la Cámara autonómica.
El debate se centró en la propuesta de transferir la responsabilidad de la asistencia y protección judicial de las víctimas de violencia machista a la comunidad autónoma, una medida que, según la oposición, podría debilitar los mecanismos de protección existentes y concentrar el poder en una sola formación política. La propuesta, que se encuentra en fase de discusión dentro del Consejo de Gobierno, ha generado preocupación entre los grupos parlamentarios que consideran que la gestión de la violencia de género debe mantenerse bajo la supervisión de organismos especializados y no depender de la voluntad política de un partido.
