El Gobierno prepara un real decreto para instalaciones de más de un megavatio tras cerrar el plazo de alegaciones públicas.
Los centros de datos con potencia igual o superior a un megavatio deberán cubrir el 80% de su consumo con nueva energía renovable. Así lo defendió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mediante una tribuna en Bloomberg. La medida forma parte de un real decreto que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El acceso a la red eléctrica representa «un activo estratégico escaso», según argumentó el jefe del Ejecutivo. Las empresas tendrán que recurrir a fórmulas de autoconsumo o a contratos de compraventa de energía a largo plazo. Sánchez remarcó que la meta oficial consiste en «comerciar con bytes, no con vatios» para proteger el suministro general.
El Ministerio abrió el trámite de audiencia pública por vía de urgencia el pasado 27 de agosto. Dicho periodo de alegaciones finalizó el 10 de septiembre. La norma encara ahora el análisis de comentarios antes de su debate final en el Consejo de Ministros. El texto incluye tanto los nuevos desarrollos como los recintos con permisos pendientes de conexión.
Las estimaciones oficiales calculan una demanda de computación cercana a los 4 gigavatios para 2030. Sin embargo, las solicitudes vigentes multiplican varias veces ese volumen. Para Sánchez, actuar con anticipación evita problemas graves de suministro. En Irlanda, estas instalaciones absorbieron el 21% de la electricidad en 2023 y rozarán el 32% este año.
La futura regulación fijará también obligaciones de eficiencia hídrica y de transparencia ambiental. Los operadores deberán divulgar indicadores de rendimiento sobre el uso de recursos técnicos. Moncloa busca así equilibrar la soberanía tecnológica con la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Además, el proyecto incorpora salvaguardias sobre el control de los datos y la gestión de las infraestructuras, con incentivos para ampliar el sector tecnológico europeo y reforzar la soberanía del continente. Estas medidas pretenden evitar que los nuevos grandes consumidores compitan con la demanda existente o propicien una mayor dependencia de los combustibles fósiles, y al mismo tiempo impulsar la inversión en la transición energética.
