ERC condiciona su apoyo a los Presupuestos al cumplimiento del acuerdo de financiación, que ya rechazan 12 comunidades
El Gobierno de Pedro Sánchez admitió hoy que no presentará los presupuestos generales del Estado para 2027 antes del 1 de octubre, incumpliendo por segunda vez el plazo constitucional. Fuentes de Moncloa sitúan su aprobación en el Consejo de Ministros entre el 1 y el 20 de octubre, pero el verdadero motivo del retraso no es la falta de tiempo, sino una decisión política: la reforma del sistema de financiación autonómica tiene prioridad absoluta, y su tramitación se ha convertido en un obstáculo insalvable para cumplir con los Presupuestos a tiempo.
La reforma autonómica, aprobada el pasado 4 de septiembre por el Consejo de Política Fiscal y Financiera con solo el respaldo de Cataluña y Canarias, incluye 20.975 millones adicionales para las comunidades. Sin embargo, 12 autonomías —entre ellas las gobernadas por el PP y las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias— rechazaron el modelo. El Gobierno, que necesita el apoyo de ERC para aprobar cualquier ley, ha vinculado su negociación con los Presupuestos: los republicanos exigen cumplir primero el acuerdo de financiación antes de respaldar las cuentas públicas. Fuentes de Moncloa reconocen que, sin ese respaldo, el proyecto de Presupuestos no tiene mayoría parlamentaria.
El retraso responde a una estrategia calculada. El Ejecutivo inició formalmente la elaboración de los Presupuestos el 5 de junio, pero la negociación política apenas ha comenzado. Este miércoles, el ministro de Hacienda, Arcadi España, se reunió con Ernest Urtasun, titular de Cultura y uno de los pesos pesados de Sumar, para intentar cerrar una posición interna antes de abrir conversaciones con los socios de investidura. Sin embargo, el calendario ya está roto: la Constitución exige presentar los Presupuestos al menos tres meses antes del fin del ejercicio anterior (1 de octubre), pero el Gobierno asume que no llegará a tiempo.
La financiación autonómica se ha convertido en un punto de inflexión político. ERC, socio clave del Gobierno, ha advertido en las últimas semanas que el cumplimiento de este acuerdo condicionará futuros pactos, incluyendo los Presupuestos. La reforma, que requiere aprobación parlamentaria, enfrenta al Ejecutivo con la oposición de la mayoría de las comunidades, lo que complica aún más la tramitación. Mientras, el PSOE interno debate si usar los Presupuestos como herramienta para recuperar iniciativa tras la crisis de Ceuta, aunque fuentes socialistas reconocen que, sin apoyos, su presentación podría servir solo para marcar agenda hasta las elecciones.
El Gobierno insiste en que no renunciará a presentar los Presupuestos, pero su prioridad actual es despejar la ecuación de la financiación autonómica. Esto significa que, aunque la negociación comience ahora, el calendario real se ha desplazado a octubre, cuando el plazo constitucional ya habrá expirado. La pregunta que queda en el aire es si este retraso forzado debilitará aún más la posición negociadora del Ejecutivo en un contexto donde ni siquiera sus socios de investidura garantizan su apoyo.
