La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, impulsada por Sánchez, queda suspendida cautelarmente tras demandas de Vox e Iustitia Europa, pero no afecta a las nacionalidades ya concedidas
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2026 — El Tribunal Supremo de España ha paralizado cautelarmente los efectos electorales de la Ley de Nietos —disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática—, una medida que podría afectar a más de 2,5 millones de descendientes de españoles en el mundo que podrían obtener la nacionalidad española bajo esta normativa. El auto, que responde a demandas presentadas por Vox e Iustitia Europa, considera que el incremento del censo electoral «no parece ajustarse» al contenido de la ley, aunque no resuelve si las nacionalidades ya concedidas son válidas.
El fallo llega en un momento clave: Diana, una descendiente de emigrantes gallegos que obtuvo su pasaporte español en abril de 2026 sin presentar pruebas de persecución política, simboliza el debate. Según su testimonio a Ok diario, el Consulado de España en Buenos Aires no exigió documentación que acreditara el exilio político de sus antepasados, limitándose a verificar su descendencia de españoles. «No me pidieron ningún papel», declaró, destacando que su abuelo, Eladio, emigró a Argentina en 1926 como labrador gallego, antes de la Guerra Civil.
La ley, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022, permite a descendientes de españoles obtener la nacionalidad sin necesidad de demostrar vínculos con la causa republicana o la persecución franquista. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha suspendido su aplicación electoral mientras se resuelve si el proceso administrativo cumple los requisitos legales. Esto deja en suspenso el derecho al voto de miles de nuevos ciudadanos españoles en el exterior, como Diana, que planea ejercerlo en las próximas elecciones generales.
El auto no anula las nacionalidades ya concedidas, pero sí congela su impacto en el censo electoral. Esto abre un escenario de incertidumbre para los más de 2,5 millones de potenciales beneficiarios, muchos de ellos en Latinoamérica, donde la ley ha generado un aumento significativo de solicitudes desde su aprobación.
¿Qué exige realmente la ley y cómo se aplica en la práctica?
La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática establece que los descendientes de españoles podrán obtener la nacionalidad si demuestran su vínculo familiar con personas que hubieran sido españolas de origen. Sin embargo, en la práctica, los consulados han aplicado criterios flexibles, como el caso de Diana, donde no se exigieron pruebas de persecución política. Este enfoque ha sido criticado por partidos como Vox, que argumentan que la ley no cumple con los requisitos de la Constitución española, que exige demostrar la «identidad cultural» con España.
Según datos del Ministerio de Justicia, desde la entrada en vigor de la ley en 2022, más de 120.000 personas han obtenido la nacionalidad española a través de esta vía. La mayoría de las solicitudes provienen de Argentina, México y Estados Unidos, países con grandes comunidades de descendientes de españoles.
Reacciones políticas y el futuro de la ley
El Partido Popular (PP) ha celebrado el auto del Tribunal Supremo, considerando que «protege el Estado de derecho». Por su parte, Vox ha insistido en que la ley es «inconstitucional» y ha exigido su derogación total. En cambio, el Gobierno de Sánchez ha defendido la medida como un «reconocimiento histórico» a las víctimas del franquismo y sus descendientes.
Mientras tanto, Diana, que nunca ha visitado España, planea viajar el próximo año para ejercer su derecho al voto. «Como agradecimiento, votaré a Sánchez», declaró, reflejando el impacto político de una ley que, aunque ahora en suspenso, ha redefinido la ciudadanía española en el exterior.
El fallo del Tribunal Supremo deja sin resolver si las nacionalidades concedidas bajo esta ley son definitivas o si podrían ser revisadas. La decisión final dependerá de los argumentos presentados por las partes en el proceso, que podría extenderse durante meses.
El auto, emitido por la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 12 de septiembre de 2026, marcando un hito decisivo en la interpretación de la Ley de Memoria Democrática y sus implicaciones electorales.
El Tribunal Supremo señaló en su resolución que la aplicación de la Ley de Nietos debe respetar el principio de proporcionalidad y la garantía de derechos fundamentales, subrayando que la ampliación del censo electoral no puede producir un desequilibrio en la representación política de los ciudadanos españoles en el extranjero.
