Pacientes con dependencia extrema perderán 2.760 euros anuales en ayudas públicas por decisión presupuestaria; ConELA apela a la reforma catalana como última esperanza legislativa
Pedro Sánchez ha impedido que el Congreso de los Diputados debata la eliminación del copago para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otros afectados por dependencia extrema (grado III+), una medida que ya había sido aprobada en el Senado por Junts, BNG, Coalición Canaria y Agrupación Herreña Independiente. El Ejecutivo justifica el bloqueo en un incremento presupuestario de 33,2 millones de euros anuales, una cantidad que equivale a menos de la mitad de lo que el Gobierno destina a comunicación institucional (78 millones).
La enmienda, que habría suprimido el copago en todas las prestaciones sociosanitarias para estos pacientes, no llegó ni a votarse. Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, las 2.000 personas beneficiarias en España reciben una ayuda mensual de 9.859 euros, de los cuales 2.760 euros (el 28%) se deducen actualmente como copago. El Gobierno calcula que eliminar esta aportación costaría 66,4 millones anuales, de los que 33 millones corresponderían a la Administración General del Estado.
El presidente de ConELA, Pepe Jiménez, lamentó que no se permitiera ni siquiera el debate parlamentario: *»Llegábamos pensando que era posible. Contábamos con votos suficientes, incluso con la abstención de Vox. No se ha dado pie a debatir ni votar»*. La asociación advierte que, al no estar legislada la eliminación del copago, las comunidades autónomas que ya lo han suprimido —como País Vasco, Navarra o Andalucía— podrían reintroducirlo en el futuro.
Mientras, el Gobierno también rechazó una enmienda del PP para aplicar un IVA reducido del 4% a obras de accesibilidad en viviendas, alegando una pérdida de ingresos de 321 millones de euros en 2025. Actualmente, el Estado ingresa 534 millones con el tipo general (10%) en estas actuaciones.
La última esperanza para los pacientes de ELA pasa por una reforma aprobada en julio por el Parlamento catalán, que incluye la eliminación del copago y que el Congreso tiene hasta octubre para tramitar.
El copago en la ley de dependencia: cómo funciona y por qué el Gobierno lo mantiene
El copago para pacientes con dependencia extrema (grado III+) está regulado en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Actualmente, las comunidades autónomas deciden si aplicarlo o no: mientras algunas como Cataluña mantienen un copago del 5% para ingresos superiores a 57.000 euros anuales, otras como País Vasco o Andalucía ya lo han eliminado parcialmente. Sin embargo, al no estar recogido en la ley estatal, estas decisiones pueden revertirse.
El Gobierno argumenta que la eliminación del copago generaría un déficit presupuestario no previsto, aunque ha aprobado modificaciones presupuestarias por más de 50.000 millones de euros en los últimos años. La diferencia radica en que estas enmiendas parlamentarias no estaban incluidas en los presupuestos iniciales, mientras que el copago sí estaba contemplado en la ley vigente.
¿Qué se juegan los partidos? El cálculo político detrás del bloqueo
El rechazo a la enmienda refleja tensiones internas en la coalición de Gobierno. Junts, BNG y las formaciones canarias, que impulsaron la medida, acusan al Ejecutivo de priorizar el ahorro sobre los derechos de los pacientes. Vox, aunque no votó en contra, habría podido abstenerse para permitir el debate, lo que habría garantizado la aprobación. Por su parte, el PP criticó el bloqueo de la enmienda sobre el IVA reducido, que afecta directamente a familias con discapacidad.
La decisión también pone en evidencia la falta de consenso en políticas sociales. Mientras asociaciones como ConELA denuncian un «trato discriminatorio» — *»Ningún servicio sanitario tiene copago, pero estos pacientes lo pagan»*— el Gobierno insiste en que la medida no está justificada presupuestariamente. La reforma catalana, si se aprueba en el Congreso, podría ser el único avance legislativo antes de las próximas elecciones.
El plazo para tramitarla finaliza en octubre, pero su aprobación no está garantizada. Si no prospera, los pacientes de ELA y otros con dependencia extrema seguirán pagando un «impuesto» que, según Pepe Jiménez, *»no es un gasto, es una necesidad vital»*.
