El consejero Julián Martínez Lizán defiende en Bruselas un modelo adaptado a cada territorio y sin burocracia, priorizando el relevo generacional
Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, ha presentado hoy en Bruselas una propuesta para reformar la Política Agraria Común (PAC) que prioriza la simplificación administrativa, la adaptación territorial y el apoyo específico a los jóvenes agricultores.
Durante el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios y la Conferencia Sectorial de Agricultura, Martínez Lizán ha defendido un modelo que elimine la burocracia excesiva y distribuya las ayudas de forma más eficiente, evitando los obstáculos actuales que frenan a los productores.
La región, que representa el 20% de la producción agrícola española, ha subrayado que su propuesta busca alinear la PAC con las necesidades concretas de cada zona, especialmente en el relevo generacional, un problema crítico en el sector. Según datos de la Junta, el 60% de los agricultores en Castilla-La Mancha supera los 55 años, y solo el 12% de las explotaciones están dirigidas por menores de 40 años.
La intervención de Martínez Lizán llega en un momento clave, cuando la Comisión Europea evalúa las directrices para la próxima PAC (2027-2033). La región presiona para que las ayudas directas se vinculen a criterios de sostenibilidad y modernización, en lugar de mantener los sistemas actuales, que consideran rígidos y poco adaptados a la realidad del campo español.
El contexto: cómo afecta la PAC a Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más fondos recibe de la PAC en España, con más de 1.200 millones de euros anuales en ayudas directas y desarrollo rural. Sin embargo, el modelo actual ha generado críticas por su complejidad: según la propia Junta, el 35% de los agricultores destinan más tiempo a trámites administrativos que a la gestión de sus explotaciones.
La región ya ha implementado medidas propias para agilizar los pagos, como la ventanilla única digital, que ha reducido un 20% los plazos de resolución en los últimos dos años. Pero Martínez Lizán ha dejado claro que estas soluciones puntuales no son suficientes: «Necesitamos un cambio estructural en Bruselas», declaró durante su intervención.
Qué se juegan las partes implicadas
Para la Comisión Europea, la PAC es una de sus políticas más costosas (alrededor del 35% del presupuesto comunitario), y cualquier reforma debe equilibrar las demandas de los Estados miembros con los objetivos de sostenibilidad y competitividad. Luis Planas, comisario europeo de Agricultura, ha mostrado apertura a flexibilizar ciertas reglas, pero exige que las propuestas autonómicas se alineen con los objetivos climáticos de la UE.
En el ámbito político interno, el PSOE y Unidas Podemos han apoyado históricamente una PAC más social, mientras que el PP y Vox defienden un modelo basado en la libertad de mercado y la reducción de cargas administrativas. La postura de Castilla-La Mancha, liderada por un gobierno de coalición PSOE-Podemos, podría influir en el debate nacional, especialmente si otras regiones con problemas similares —como Andalucía o Extremadura— se suman a sus reivindicaciones.
El plazo para que la Comisión Europea apruebe las nuevas directrices de la PAC es diciembre de 2026. Si no hay un acuerdo, las reglas actuales se prorrogarán hasta 2028, lo que mantendría el statu quo y las críticas desde el campo.
