El Comité de Crisis de Igualdad se reúne en Sevilla por primera vez, con 10 de los 37 asesinatos de 2026 en la región y reproches cruzados por las pulseras anti-maltrato
El Comité de Crisis de Igualdad para la violencia machista se reunió este miércoles en Sevilla, fuera de Madrid por primera vez desde su creación en 2022. El Gobierno central eligió Andalucía como sede por concentrar el 27% de los asesinatos de este año —10 de los 37 registrados—, pero la reunión se convirtió en un escenario de tensiones políticas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, criticó directamente al presidente andaluz, Juanma Moreno, por su gestión en violencia de género y su pacto con Vox, acusándolo de poner en riesgo la seguridad de las víctimas y de responder con desprecio a una carta enviada hace más de un mes.
El PSOE andaluz denunció que Moreno ni siquiera contestó a la misiva de Redondo, mientras el portavoz popular en el Parlamento, Toni Martín, respondió con un documento firmado por la consejera de Igualdad de la Junta, Loles López, fechado el 6 de agosto —el mismo día en que la ministra lo cursó—. Deben pensar que los andaluces son tontos, ironizó Martín, que también cuestionó la gestión central al señalar que las pulseras anti-maltrato, implantadas en 2023, siguen sin generar ni una sola dimisión pese a los riesgos que plantea un informe reciente de la Fiscalía.
El conflicto institucional se agrava por el traspaso de competencias en Justicia a Vox en Andalucía. María Márquez, portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento, advirtió que las mujeres víctimas de violencia de género dependen ahora de personas que niegan la existencia misma de esta lacra. El pacto PP-Vox, en vigor desde 2022, ha concentrado en el partido ultraderechista áreas clave como la administración de justicia, lo que según el PSOE niega la violencia machista y agrava el horror insoportable de las cifras.
El Comité de Crisis, creado para coordinar respuestas entre administraciones, busca ahora llevar herramientas a territorios más afectados, según Redondo. Sin embargo, la reunión en Sevilla expuso las grietas entre el Gobierno central y la Junta: mientras el PSOE acusa a Moreno de giro hacia el negacionismo, el PP defiende su gestión y culpa al Ejecutivo de Sánchez de los fallos en las pulseras anti-maltrato, un dispositivo que tres años después sigue generando polémica y sin responsables políticos dimitiendo.
