Las operaciones de rescate continúan en la mina Al-Zara, controlada por un grupo paramilitar en guerra con el ejército del país
Nuhud (Sudán), 16 de septiembre de 2026 — Un derrumbe en la mina de oro Al-Zara, ubicada en la localidad de Nuhud (provincia de West Kodporan), ha causado la muerte de al menos 67 personas y deja a decenas desaparecidas bajo los escombros, según informaron este miércoles fuentes médicas y supervivientes. El incidente, ocurrido en la noche del martes, ha reavivado las críticas a las deficientes condiciones de seguridad en el sector minero sudanés, uno de los principales productores de oro del continente.
Los testigos, entre ellos el minero Al-Amin Suliman, describieron cómo el colapso afectó a varios pozos de la mina, atrapando a trabajadores en el interior. Las labores de rescate, aún en curso, podrían elevar el balance de víctimas, advirtieron las fuentes médicas, que señalaron la presencia de personas atrapadas entre los escombros. La zona, bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), enfrenta desde hace tres años un conflicto armado con el ejército sudanés, lo que ha agravado la falta de supervisión en actividades económicas como la minería.
Este accidente se suma a una serie de tragedias similares en los últimos años: en 2023, otro derrumbe en una mina sudanesa dejó 14 muertos, y en 2021, el colapso de una explotación cobró 38 vidas. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Sudán registra anualmente cientos de incidentes en minas artesanales, donde la ausencia de protocolos de seguridad y el uso de maquinaria obsoleta convierten estos accidentes en una constante.
Un sector clave en riesgo
Sudán ocupa el sexto puesto mundial en producción de oro, con una extracción anual que supera las 100 toneladas, según la US Geological Survey. Sin embargo, el 90% de la minería en el país opera en condiciones informales, sin licencias ni inspecciones, lo que multiplica los riesgos para los trabajadores. Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), grupo paramilitar que controla la zona de West Kodporan, han sido acusadas en repetidas ocasiones por organizaciones humanitarias de explotar recursos naturales sin garantizar condiciones dignas para los mineros, muchos de ellos desplazados por la guerra.
El Gobierno sudanés, sumido en una crisis política desde el golpe de Estado de 2021, no ha emitido hasta el momento una declaración oficial sobre el accidente. La falta de coordinación entre las autoridades centrales y las milicias locales agrava la respuesta a emergencias como esta, donde la prioridad suele ser la extracción de oro antes que la seguridad de los trabajadores.
¿Qué sigue ahora?
Mientras las operaciones de rescate continúan, las familias de las víctimas exigen al Gobierno y a las RSF transparencia y compensaciones. Sin embargo, en un contexto de conflicto armado y escasez de recursos, las promesas de ayuda suelen quedarse en papel. La OIT ha instado en repetidas ocasiones a Sudán a regular el sector minero, pero sin un acuerdo político que ponga fin a la guerra, las medidas de seguridad seguirán siendo letra muerta para miles de trabajadores.
Para los analistas, este derrumbe no es un caso aislado, sino el reflejo de un sistema donde la urgencia económica prima sobre la vida humana. Con las minas de oro como principal fuente de ingresos para grupos armados, la pregunta que queda en el aire es si Sudán tendrá alguna vez la voluntad —y los medios— para cambiar un modelo que, año tras año, sigue cobrándose vidas.
