El comisario europeo de Interior defiende el sistema de retornos, pero los populares piden reevaluar la relación con Marruecos y vinculan el colapso con la regularización de migrantes
Magnus Brunner, comisario europeo de Interior e Inmigración, reconoció este martes en la Eurocámara que la crisis migratoria en Ceuta exige «duplicar esfuerzos» por parte de la Unión Europea. Durante un debate centrado en la situación humanitaria y la protección de las fronteras, Brunner defendió los avances del «sistema de retornos» y subrayó que «todos los que entraron de forma ilegal y no tienen derecho a quedarse deben ser devueltos». Sin embargo, advirtió que el desafío persiste: «Europa ha hecho progresos significativos,, pero hay trabajo por hacer».
El comisario anunció su viaje a Madrid este miércoles para reunirse con los ministros españoles de Política Territorial (Isabel Rodríguez), Interior (Fernando Grande-Marlaska) y Seguridad Social y Migraciones (Elma Saiz). La cita busca coordinar una respuesta conjunta ante lo que Bruselas califica como un «reto para la seguridad europea», no solo un problema nacional.
El debate en la Eurocámara trascendió lo migratorio para abordar una cuestión estratégica: los «ataques híbridos» de terceros países contra la UE. Aunque el foco actual está en Marruecos, Brunner recordó que Rusia y Bielorrusia ya emplearon tácticas similares en las fronteras orientales. La resolución final, que se votará este jueves, podría incluir una crítica velada a la gestión española, según fuentes del Partido Popular Europeo (PPE).
El PP acusa al Gobierno de «fallo sistémico» y exige reevaluar la relación con Marruecos
Dolors Montserrat, portavoz del PPE en Bruselas, fue la más contundente: «Pedro Sánchez sabía lo que ocurría en Ceuta y se fue de vacaciones». Montserrat vinculó directamente el colapso con la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno español en julio de 2026, una medida que, según los populares, «incentivó las llegadas». Su intervención incluyó una acusación directa contra Marruecos: «Es responsable, por acción u omisión, como socio europeo. Debe responder con respeto y reciprocidad». El texto que propone el PPE deja abierta la posibilidad de reevaluar el acuerdo de cooperación con Rabat, un paso que podría escalar el conflicto diplomático.
Jero en Lenares, eurodiputado del PPE, fue más allá al señalar que «la policía hizo su trabajo, pero el Gobierno falló». Pidió «herramientas excepcionales» para los Estados miembros, argumentando que la crisis en Ceuta no es un problema español, sino europeo. Su postura refleja la estrategia del PP para internacionalizar la crisis y presionar al Ejecutivo desde Bruselas.
Los socialistas europeos exigen solidaridad y rechazan vincular Ceuta con la regularización
Iratxe García-Pérez, presidenta de los socialistas europeos (S&D), criticó la decisión de Italia de suspender temporalmente el acuerdo de Schengen con España, tachándola de «injustificada». En lugar de culpar al Gobierno, García-Pérez apeló a la solidaridad: «Si les importa Ceuta, participen en el reparto de menores» en las comunidades autónomas donde el PP gobierna, como Madrid o Valencia. Los socialistas descartan apoyar cualquier resolución que relacione la llegada masiva de migrantes con la regularización, una línea roja que podría bloquear acuerdos en la Eurocámara.
Contexto: ¿Por qué la crisis de Ceuta se ha convertido en un test para la UE?
La situación en Ceuta no es aislada. Desde 2023, la UE enfrenta un aumento del 40% en llegadas irregulares por la ruta del Estrecho de Gibraltar, según datos de Frontex. Marruecos, socio clave en migración, ha sido señalado por ONGs como Cáritas y ACNUR por facilitar el paso de migrantes subsaharianos a cambio de fondos europeos. El Gobierno español denuncia «maniobras de presión», mientras Bruselas evita una ruptura abierta con Rabat por depender de su cooperación en seguridad.
El debate de este martes revela dos posturas enfrentadas: el PPE y los conservadores europeos (ECR) exigen medidas contundentes, mientras los socialistas y liberales (René) priorizan soluciones humanitarias. La votación del jueves será clave: si el texto final vincula la crisis con la regularización, el Gobierno podría perder apoyo incluso en la Eurocámara.
Mientras, en Ceuta, la capacidad de acogida sigue colapsada. Según el último informe de la Delegación del Gobierno, hay 1.200 migrantes más de los que el sistema puede gestionar, una cifra que crece diariamente. La pregunta que queda en el aire es si Bruselas actuará a tiempo o si la crisis se extenderá a otras fronteras europeas.
El formato del debate también condiciona su alcance: al tratarse de una resolución no legislativa, el texto que salga de la Eurocámara expresará la posición política de la cámara pero no obligará jurídicamente a la Comisión ni al Consejo. Fuentes populares reconocen que aspiran a un texto lo suficientemente genérico como para sumar una mayoría parlamentaria, lo que en la práctica rebajaría la exigencia de reprobar la gestión del Ejecutivo español. Los socialistas, por su parte, siguen sin confirmar su voto y advierten de que no respaldarán ninguna redacción que asocie la crisis de Ceuta con la regularización de migrantes. La negociación entre grupos se prolongará hasta la votación del jueves.
