Roberta Metsola activa el procedimiento para levantar su inmunidad parlamentaria en Estrasburgo, donde ya se investigan acoso, financiación ilegal y desórdenes públicos
Roberta Mesola, presidenta del Parlamento Europeo, ha anunciado este lunes el inicio del cuarto procedimiento para levantar la inmunidad parlamentaria de Luis ‘Alvise’ Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), tras una nueva petición de las autoridades españolas. El trámite, tramitado en Estrasburgo (Francia), abre la puerta a que la Eurocámara examine la solicitud del Tribunal Supremo para investigar al eurodiputado por causas pendientes en España, entre ellas presuntos delitos de coacciones, amenazas, acoso a fiscales y financiación ilegal de su partido.
Este es el cuarto suplicatorio recibido por ‘Alvise’ en menos de dos años. Los tres anteriores —por acoso a dos eurodiputados, a la fiscal Susana Gisbert y por financiación irregular— siguen sin resolución, según confirmó Metsola. El proceso, que puede durar hasta seis meses, comienza con su remisión a la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI), donde el eurodiputado tendrá derecho a ser oído y presentar pruebas. La decisión final dependerá de una votación en el pleno de la Eurocámara.
‘Alvise’ ya enfrenta investigaciones en España por otros casos: el Supremo investiga su presunta difusión de una PCR falsa atribuida al exministro Salvador Illa y un presunto delito de desorden público por publicaciones en su canal de Telegram vinculadas a protestas agrícolas en febrero de 2024. Además, el alcalde de Algeciras y senador José Landa luce (Grupo Mixto) interpuso una querella contra él por amenazas y coacciones.
La inmunidad parlamentaria europea protege a los eurodiputados de ser juzgados en sus países de origen sin autorización previa de la Eurocámara. Su levantamiento requiere mayoría simple en el pleno, aunque los casos de ‘Alvise’ han generado polémica por su repetición y la gravedad de las acusaciones. La comisión JURI, encargada del análisis, puede solicitar informes adicionales antes de recomendar una respuesta al Supremo.
El proceso seguirá el mismo esquema que los anteriores, con la posibilidad de que la comisión JURI solicite pruebas adicionales y que el diputado presente documentación escrita.
