El presidente gallego advierte de ‘inseguridad jurídica’ y ‘falta de rigor técnico’ en la propuesta ministerial
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, ha exigido este lunes al Gobierno central que retire su propuesta de modificar los criterios para establecer los deslindes en la costa según el Reglamento General de Costas. La medida, según advierte la Xunta, podría poner en riesgo más de 2.500 edificaciones costeras en Galicia, según estimaciones de la consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Rueda ha calificado las modificaciones de «inseguridad jurídica» y «falta de rigor técnico», añadiendo que afectarían directamente al «derecho a la propiedad privada». La advertencia llega en un contexto en el que la Xunta ya ha movilizado a su departamento de Medio Ambiente para evaluar el impacto concreto de los cambios.
La propuesta del Gobierno, aún en fase de consulta, busca actualizar los criterios de deslindes costeros para adaptarlos a la Ley de Costas de 2023, pero su aplicación práctica ha generado alertas en varias comunidades autónomas, especialmente en zonas con alta densidad de viviendas en primera línea de costa.
El precedente de la Ley de Costas de 2023
La normativa de 2023, impulsada durante la legislatura anterior, ya introdujo cambios en la interpretación de los deslindes costeros, pero su aplicación ha sido objeto de controversia. En Galicia, donde el litoral representa un 14% del territorio autonómico y alberga más de 300.000 viviendas en zonas protegidas, cualquier modificación en los criterios de ocupación genera especial sensibilidad. La Xunta ya alertó en 2024 sobre posibles «efectos colaterales» en la propiedad privada tras la entrada en vigor de la ley, aunque entonces se centró en la protección de espacios naturales.
¿Qué se juega cada actor?
Para el Gobierno central, la actualización de los deslindes responde a la necesidad de armonizar la normativa con los objetivos de la Directiva Europea de Costas, que exige mayor flexibilidad en la gestión de zonas costeras. Sin embargo, comunidades como Galicia —donde el PP gobierna en solitario— ven en los cambios un riesgo para el tejido urbanístico consolidado. La Xunta ya ha anunciado que presentará un informe técnico detallado antes de finales de septiembre para respaldar su postura.
En el ámbito político, el PP gallego podría aprovechar la polémica para reforzar su discurso de defensa de la propiedad privada, mientras que el PSOE en el Gobierno deberá equilibrar la presión autonómica con las exigencias de Bruselas. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) también ha mostrado reservas, citando casos como el de Vigo o A Coruña, donde la aplicación literal de los deslindes actuales ya ha generado conflictos con propietarios.
La consellería de Medio Ambiente de la Xunta ha confirmado que, de no retirarse la propuesta, evaluará medidas legales para proteger las viviendas afectadas, incluyendo recursos ante los tribunales autonómicos.
