Cuatro años después de la desaparición de OCON-Sur, la Guardia Civil en Andalucía vuelve a ser clave en la lucha contra el crimen organizado
La Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional ha confirmado este lunes que su estrategia actual se centra en el «estrangulamiento financiero» de los narcotraficantes, una táctica que sustituye a la desarticulación directa de redes.
La jefa de este organismo, Rosa Ana Morán Martínez, explicó que el enfoque busca cortar las fuentes de financiación del narcotráfico, un método que ya aplicaba la Unidad OCON-Sur de la Guardia Civil en Andalucía hasta su disolución en 2022. La desaparición de este grupo de élite —cuando más presión ejercía sobre el crimen organizado— dejó un vacío que ahora intenta cubrirse con herramientas legales y fiscales.
Andalucía sigue siendo un punto clave en la ruta europea de la cocaína, según datos del Ministerio del Interior. La región concentró en 2025 el 40% de los decomisos nacionales de esta droga, lo que refuerza la urgencia de estrategias como la que ahora impulsa la Fiscalía. La Junta de Andalucía, sin embargo, no ha detallado aún su colaboración con esta nueva línea de trabajo, aunque fuentes de Interior confirmaron que la Guardia Civil mantiene operativos específicos contra el blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico.
El cambio de estrategia responde a un patrón observado en otros países europeos, donde el bloqueo financiero ha reducido hasta un 30% las operaciones de grandes redes en zonas como Portugal y Países Bajos. En España, la Fiscalía Antidroga ya ha logrado embargar más de 120 millones de euros en activos vinculados al tráfico en lo que va de 2026, según balances internos citados por Morán Martínez.
La medida llega en un momento de tensión política por la gestión del narcotráfico. Mientras el PP exige más recursos para la Guardia Civil, el Gobierno central prioriza herramientas judiciales, en línea con lo que ya se aplica en Cataluña y el País Vasco. La diferencia ahora es el énfasis en el componente económico, una apuesta que evita el desgaste de operaciones policiales directas, pero que requiere mayor coordinación con bancos y entidades financieras.
