Secretaría de Inclusión, INSS y SEPE coordinan plan pionero dentro del Plan Anual de Empleo Digno 2026, priorizando por primera vez a beneficiarios de la prestación
La Secretaría General de Inclusión (SGI), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han puesto en marcha este lunes un proyecto piloto para mejorar la empleabilidad de los hogares que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Es la primera vez que este colectivo —que supera los 100.000 hogares en España— se integra como prioritario en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2026, según confirmaron fuentes de la Moncloa.
El objetivo es diseñar políticas de acompañamiento que faciliten su incorporación al mercado laboral, un paso que hasta ahora no existía para este grupo. Las tres instituciones ya trabajan en la interoperabilidad de sus bases de datos para identificar a los beneficiarios del IMV y analizar sus necesidades específicas. La población objetivo y los detalles del piloto —como su duración o alcance geográfico— se definirán en las próximas reuniones de coordinación.
El IMV, creado en 2020 para garantizar ingresos a familias en riesgo de exclusión, ha registrado un aumento del 15% en beneficiarios desde 2024, según datos del INSS. Sin embargo, su diseño original no incluía medidas activas de empleo, a diferencia de otras prestaciones como los subsidios por desempleo. Este piloto podría marcar un antes y después en su gestión, alineándose con las exigencias de la UE para reducir la temporalidad laboral en España.
La iniciativa llega en un contexto de tensión política por el paro juvenil —superior al 30%— y las críticas de la oposición al gasto en prestaciones pasivas. El PP ya ha señalado que «el dinero público debe ir a empleo real, no a cheques sin exigencias», aunque no ha detallado alternativas concretas. Por su parte, sindicatos como CCOO valoran el avance, pero advierten de que sin más recursos para formación será «un piloto sin futuro».
La reunión inicial, celebrada en la sede de la Secretaría General de Inclusión, contó con la presencia de altos cargos de la SGI, el INSS y el SEPE. Durante el encuentro se acordó establecer un comité de seguimiento que se reunirá mensualmente para evaluar el progreso del proyecto y ajustar las estrategias de intervención según los resultados preliminares.
