El Govern catalán renuncia a recuperar fondos y evita que se investigue si los 4,97 millones incluían aportaciones europeas
El Gobierno catalán de Salvador Illa ha cerrado el caso de malversación contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 30 independentistas al solicitar al Tribunal de Cuentas que aplique la ley de amnistía y archive la causa por los 5 millones de euros desviados durante el *procès*. El escrito, presentado por la Abogacía General de la Generalitat, evita así que se investigue si parte de esos fondos —concretamente 4,97 millones— procedían de ayudas europeas, lo que habría bloqueado la amnistía.
La decisión llega tras meses de resistencia del Tribunal de Cuentas, que en julio abrió una última vía para evitar la amnistía al exigir a las partes aclarar si los gastos del referéndum del 1-O (2017) y la ‘acción exterior’ independentista (2011-2017) contaron con financiación europea. Sin embargo, la Generalitat ha renunciado a recuperar el dinero y ha confirmado su conformidad con la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía, que exime de responsabilidad contable a los acusados si los fondos no eran europeos.
La amnistía afecta directamente a 4,14 millones vinculados al referéndum y a 5,42 millones de avales para gastos de promoción internacional, según los datos del Tribunal. La Fiscalía ya había desistido del caso, y la Abogacía del Estado no se opuso. Solo la asociación Sociedad Civil Catalana, personada como acusación particular, sigue reclamando al Tribunal que verifique la procedencia de los fondos, pero técnicos del organismo consideran imposible mantener la causa por la complejidad contable y la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que respaldó la amnistía.
El caso se remonta a 2020, cuando el Tribunal de Cuentas congeló 9,5 millones de euros en avales para Puigdemont y Junqueras. Ahora, con la amnistía, el Govern de Illa evita tanto el embargo de bienes como una posible condena por responsabilidad contable. La presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, ya ha indicado informalmente que el caso se cerrará, poniendo fin a una década de litigios por el *procès*.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia del 12 de marzo de 2025, confirmó que la Ley Orgánica 1/2024 se aplica a los casos de malversación de fondos públicos, siempre que dichos fondos no provengan de la Unión Europea. Esta interpretación reforzó la posición de la Generalitat, que al declarar su conformidad con la ley, evita la responsabilidad contable de los acusados y asegura que la amnistía se limite al erario español, excluyendo cualquier posible contribución europea.
