El tribunal condiciona el sufragio de los inscritos en el CERA a que acrediten el exilio y la JEC se reúne este lunes para aplicar el bloqueo
El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho de voto de los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la ley de nietos y que ya figuran en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La medida, adoptada el pasado martes, exige acreditar que sus familiares sufrieron el exilio para poder ejercer el sufragio. Las nuevas altas podrán seguir tramitándose, pero sus efectos electorales quedan en suspenso hasta que el Alto Tribunal dicte sentencia. La decisión no anula las nacionalidades concedidas ni resuelve el fondo del litigio.
El conflicto se originó con una instrucción del Ministerio de Justicia dictada poco después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. El Gobierno interpretó que podía presumirse la condición de exiliado de los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin necesidad de acreditar individualmente que la salida obedeció a motivos políticos, ideológicos, religiosos o de orientación e identidad sexual. Esa presunción automática es la que el Supremo ha puesto en cuestión al vincular el voto a la prueba del exilio.
El peso electoral del asunto está en el crecimiento del CERA. El propio Supremo utiliza el incremento de 408.262 electores desde 2023 como uno de los elementos centrales para justificar las medidas cautelares. En su resolución, el tribunal encargó a la Junta Electoral Central (JEC) que supervise que la Oficina del Censo Electoral (OCE) desglose qué nuevos votantes han obtenido la nacionalidad por ser descendientes de exiliados y cuáles lo han hecho mediante la interpretación expansiva ahora paralizada. La JEC, encargada de velar por la transparencia de los procesos comiciales, se reúne este lunes para abordar los efectos operativos de la decisión.
La instrucción de 2022 bajo revisión judicial
En paralelo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional estudia la posible anulación de la instrucción fechada el 25 de octubre de 2022. La elaboró la entonces titular de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del actual ministro Óscar Puente. Cuando Puente firmó la instrucción, Pilar Llop era la titular de Justicia y la Dirección General de Seguridad Jurídica dependía de su departamento. Félix Bolaños asumió la cartera en noviembre de 2023, unificándola con Presidencia, y mantuvo a Sofía Puente en su equipo, ascendiéndola a secretaria general.
La controversia ha llegado al Parlamento. El Partido Popular ha registrado en el Congreso la petición de comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que dé explicaciones en la Comisión Constitucional después de la decisión del Supremo. La ofensiva parlamentaria del PP pretende establecer las responsabilidades del ministro tras la resolución judicial. El escrito debe pasar a la Mesa del Congreso y más tarde a la de la Comisión. Los populares auguran que la suma de PSOE y Sumar podría dilatar al máximo la comparecencia, pero creen que no podrán rechazarla, ya que el escrito es jurídicamente impecable.
El Gobierno, en palabras de Bolaños, ha expresado su desacuerdo con la suspensión cautelar del Supremo. Le ha instado a resolver lo antes posible sobre la ley de nietos porque afecta al derecho a voto, lo más sagrado. El PP pretende que el ministro explique en sede parlamentaria qué papel tuvo un alto cargo de su ministerio, en referencia a Sofía Puente, a la hora de alterar una ley aprobada en el Parlamento. Bolaños ya compareció en abril de este año en esta comisión tras una petición del PP. No era ministro de Justicia en octubre de 2022 y es probable que sea esa circunstancia en la que se escude.
Presión política y pulso institucional
El ministro de Justicia pidió este sábado, a través de Twitter, que el Supremo resuelva este tema antes de las elecciones de 2027. En un tuit en el que compartía los argumentos de dos asociaciones progresistas, una de jueces y otra de fiscales, en contra de la decisión del Supremo, reprochó que el censo no puede alterarse sin base legal sólida. En respuesta, la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, acusó a Bolaños de tratar de presionar a los magistrados del alto tribunal.
La JEC deberá estudiar cómo aplicará el bloqueo preventivo del sufragio para los nuevos inscritos por esta vía y cómo se coordinará el flujo de datos con las oficinas consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores para separar los expedientes que responden a un tipo de los del otro. La medida alcanza también a las nuevas altas, cuyos efectos electorales quedan suspendidos hasta que el Alto Tribunal dicte sentencia.
Varios ministros, tras criticar la medida cautelar del Supremo y a algunos de los magistrados que la han tomado, han presionado para que el fallo definitivo no tarde en llegar. El desenlace de este pulso entre el Gobierno y el Supremo marcará el censo electoral exterior de cara a los próximos comicios generales.
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