La operación policial se dirige contra 162 sospechosos y deja varios directivos de la organización Kaos GL bajo custodia.
Una microoperación policial en 15 provincias turcas se ha saldado con actuaciones contra 162 sospechosos, nueve organizaciones y trece empresas del ámbito LGTBI. Las fuerzas de seguridad ejecutaron las órdenes en colaboración con la Gendarmería dentro del plan denominado «Mi familia es segura». La intervención incluyó allanamientos en viviendas particulares, sedes de asociaciones y locales de ocio nocturno en Estambul.
El operativo policial golpeó directamente la estructura del colectivo Kaos GL, una de las principales entidades de derechos civiles del país. La organización confirmó el registro de sus oficinas centrales y el arresto de varios miembros de su junta directiva. También fueron puestos bajo custodia integrantes de su comité de auditoría, además de una decena de activistas retenidos en sus domicilios.
El ministro de Justicia turco, Akin Gurlek, justificó las intervenciones en redes sociales bajo el argumento de «proteger a los niños, a la institución familiar y al orden social». Según las autoridades, las pesquisas judiciales rastrean la supuesta difusión de contenidos obscenos y locales vinculados a la prostitución. El balance oficial comunicado por el ministerio incluye la incautación de material digital y sustancias estupefacientes en los registros.
Las intervenciones en Estambul alcanzaron también a varios baños públicos masculinos y bares de ambiente de la ciudad. Aunque las relaciones entre personas del mismo sexo no están penadas por el Código Penal turco, la presión institucional sobre estos colectivos ha crecido de forma constante. El presidente Recep Tayyip Erdogan mantiene una línea de confrontación abierta contra la comunidad homosexual, a cuyos miembros ha calificado públicamente de «pervertidos».
El despliegue de esta campaña legal profundiza la persecución administrativa sobre las plataformas civiles independientes en Turquía. La ofensiva coloca en situación de vulnerabilidad extrema a los defensores de derechos humanos en el país euroasiático. El caso anticipa un endurecimiento de los procesos penales contra las redes de apoyo ciudadano en las principales ciudades turcas.
