Sira Rego pide a las autonomías que asuman su tutela legal y acelera trámites para reagrupación familiar en Marruecos
Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha confirmado este sábado que Ceuta alberga ya a 2.100 menores migrantes en el sistema de acogida, de los que 700 son niñas, muchas de ellas de muy corta edad. La cifra, detallada durante una comparecencia en Córdoba, refleja un colapso institucional en la ciudad autónoma, donde el espacio físico y los recursos humanos se han agotado. La ministra ha advertido de que ‘es imposible’ que un territorio tan reducido como Ceuta pueda asumir sola esta carga, y ha exigido ‘responsabilidad política’ a las comunidades autónomas para trasladar a los menores a la Península.
El sistema de acogida en Ceuta opera al límite: Rego ha aclarado que ‘aún quedan niños por afiliar’ y que los trámites legales —como las entrevistas individuales obligatorias por ley— retrasan la gestión. Para agilizar el proceso, el Gobierno ha desplegado una ‘unidad multidisciplinar’ que trabaja en filiaciones y valoraciones, aunque el ordenamiento jurídico exige que cada caso se resuelva de forma individualizada, lo que ralentiza aún más la respuesta.
Mientras, el Ministerio avanza en los expedientes de reagrupación familiar para menores que quieren regresar a Marruecos. Rego ha subrayado que estos trámites, aunque urgentes, requieren ‘tiempo jurídico’: se remitirán en ‘pocos días’ a las autoridades marroquíes para verificar la existencia de una estructura familiar receptora. La ministra ha criticado que, desde el 30 de julio, se han registrado ‘un número cuantioso’ de solicitudes sin respuesta por parte de Marruecos, lo que agrava la saturación en Ceuta.
El contexto es especialmente delicado: Rego ha recordado que muchos de estos menores ‘huyen de situaciones extremas’, como violencia sexual o matrimonios forzosos, y ha instado a las instituciones a actuar con ‘prudencia y garantías’. La tutela legal de estos niños corresponde a las autonomías,, pero el Gobierno asume su parte en la gestión, aunque sin competencias exclusivas sobre su traslado o protección a largo plazo.
La crisis refleja un patrón recurrente en la gestión migratoria española: la falta de coordinación entre el Estado central y las comunidades autónomas, que asumen competencias clave pero dependen de recursos que no siempre están disponibles. Mientras, Ceuta —con una capacidad de acogida ya superada— se convierte en el epicentro de una emergencia que, según Rego, ‘debe desatascarse’ con urgencia.
