Los republicanos usan las sesiones de control para fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos que permitieron la investidura de Salvador Illa, con cuatro preguntas sobre la ley de amnistía y dos sobre financiación autonómica
ERC ha convertido las sesiones de control al president de la Generalitat, Salvador Illa, en un termómetro para exigir el cumplimiento de los acuerdos que permitieron su investidura en octubre de 2025. De las 19 preguntas formuladas entre octubre de 2025 y julio de 2026, nueve —el 47,4%— aluden explícitamente a compromisos pactados, según datos analizados por El Periódico.
El partido republicano prioriza temas como la aplicación de la ley de amnistía, la judicialización del procés y la financiación autonómica. Cuatro de sus preguntas (21,1%) se centran en el conflicto político, mientras otras dos abordan directamente el nuevo modelo de financiación y la recaudación del IRPF, clave en su pacto con el PSC. El resto abarca competencias como la gobernanza del aeropuerto de El Prat, el traspaso de Rodales o la capacidad de la Generalitat para influir en infraestructuras.
La estrategia de ERC difiere de la de otras fuerzas: en lugar de desgastar a Illa, usan las sesiones para verificar avances concretos. Por ejemplo, en febrero de 2026, Illa escenificó públicamente su apoyo a que Cataluña asumiera la recaudación del IRPF, un gesto para facilitar el acuerdo presupuestario. Sin embargo, la tensión escaló en marzo, cuando Illa retiró el proyecto de Presupuestos para evitar una derrota parlamentaria, lo que obligó a ambas partes a negociar con mayor margen.
El acuerdo final llegó en mayo, y en julio Illa aprobó sus primeras cuentas públicas. Desde entonces, ERC ha elevado el listón: ya no solo exige avances en áreas concretas, sino el cumplimiento global de los acuerdos de investidura. La presión se mantiene, con sesiones de control cada quince días para fiscalizar la gestión del Govern.
Durante la crisis ferroviaria de enero, ERC concentró la presión en la gestión de Rodales, exigiendo respuestas sobre la continuidad de los servicios y la asignación de recursos. En primavera, la educación se convirtió en el foco de las interrogantes, con preguntas sobre la financiación de las escuelas y la implementación de planes de recuperación académica tras la pandemia.
