La portavoz del PP en el Congreso reprocha al Gobierno inacción ante los avisos y censura las presiones de Bolaños al Tribunal Supremo
Ester Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, reclamó este domingo la convocatoria de elecciones generales «inmediatamente» tras sostener que el Ejecutivo conocía con antelación los movimientos migratorios hacia Ceuta y omitió cualquier actuación preventiva. La representante de la oposición afirmó que España continúa inmersa en «una crisis de Estado» a raíz de lo que calificó como una invasión de más de 80.000 inmigrantes producida en la ciudad autónoma hace casi 50 días.
La dirigente popular centró sus críticas en la gestión del presidente Pedro Sánchez, a quien reprochó abandonar a la ciudadanía en situaciones críticas y mantenerse en una fuga hacia adelante sin capacidad de respuesta operativa. Desde las filas populares vincularon esta parálisis a supuestas discrepancias internas dentro de la Administración central, mencionando de forma directa la reciente renuncia del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta tras disponer de informes procedentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El choque institucional planteado por Muñoz se extendió asimismo a las relaciones entre el poder ejecutivo y el judicial, con reproches directos hacia el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La portavoz conservadora denunció que el ministro publicó un mensaje destinado a presionar a los magistrados del Tribunal Supremo para condicionar el sentido de su resolución sobre la denominada ley de nietos, una actitud que calificó de absoluta irresponsabilidad en el marco de una democracia liberal.
Esta ofensiva parlamentaria del principal partido de la oposición busca forzar un adelanto electoral mientras la presión migratoria en la frontera sur tensa el debate político en Madrid. Al cuestionar la gestión de la seguridad nacional y la separación de poderes en un mismo balance, el PP sitúa la actuación de la Delegación del Gobierno y la política judicial en el centro del control parlamentario sobre el gabinete socialista de cara a las próximas sesiones en la Cámara Baja.
