El juez Ismael Moreno cruza los datos con el Tribunal de Cuentas para investigar el ‘pitufeo’ en la financiación del partido
La Audiencia Nacional ha reclamado al PSOE que entregue las donaciones que recibió entre 2017 y 2024 para cotejarlas con la causa que investiga la presunta financiación irregular del partido. El instructor del procedimiento, el magistrado Ismael Moreno, ha pedido además al Tribunal de Cuentas que le remita las donaciones fiscalizadas por ese organismo, según fuentes de la investigación.
El objetivo de la diligencia es cruzar los datos sobre el denominado ‘pitufeo’, la vía de financiación opaca que el juez investiga bajo secreto. La sospecha que manejan Moreno y la Fiscalía Anticorrupción es que las donaciones al PSOE servían para camuflar pagos de constructores al partido a cambio de amaños en grandes obras públicas. El dinero que entraba en la cuenta de donaciones acababa transferido a la cuenta de funcionamiento, desde la que se pagaban gastos como viajes o dietas, para reintroducirlo en el circuito legal.
La petición se cursó al PSOE antes de las vacaciones estivales, según las mismas fuentes, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza ya los datos entregados por el partido y por el Tribunal de Cuentas. En una entrevista en TVE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negó que su formación se haya financiado de forma irregular y aseguró que la Justicia les había reclamado las donaciones recibidas por Ferraz: «Hemos dado toda esa información».
El empresario Víctor de Aldama sostiene que esos fondos en negro procedían de constructoras que financiaban al PSOE a cambio de amaños en el Ministerio de Transportes, con la cantidad pactada caso a caso. Según su relato, las empresas entregaban el dinero a Aldama, que lo hacía llegar al ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, y al ex ministro, y estos pagos se camuflaban bajo el concepto de donaciones. «En el transcurso de 2019 a 2020 yo he entregado casi 1,8 millones de euros en donaciones», declaró el empresario ante el Tribunal Supremo, donde explicó que Koldo García le dijo que se encargaría de repartir las asignaciones entre bastantes personas para que hicieran donaciones distintas.
Aldama detalló ante Moreno que un grupo de empresas, entre las que destacó a la constructora Levantina, Lantania y Azvi, se concertaron con Transportes para recibir contratos ama�ados a cambio de comisiones que Koldo García transformaba en donaciones irregulares. Las comisiones oscilaban entre el 3% y el 5% del importe contratado y el volumen convertido en donaciones irregulares alcanzó, según sus cálculos, los 1,8 millones de euros. La operativa se desplegó durante la pandemia, siempre según su versión, con el conocimiento del entonces ministro José Luis Ábalos.
La causa avanza también en otra dirección: la Audiencia investiga un contrato ficticio de 15 millones de euros en el que figura la sociedad Apamate Corporate and Trust, S.L., controlada por el empresario venezolano Francisco Flores, vinculado al caso Plus Ultra, y una sociedad de Aldama. En concreto, se examina una primera operación de cinco millones de euros mediante una transferencia realizada vía Rusia para obtener fondos para el PSOE y la Internacional Socialista.
