El ministro de Seguridad Nacional de Israel pide a Netanyahu reconocer la soberanía de Buenos Aires y sancionar a Reino Unido
Las empresas vinculadas a la compañía israelí Navitas afrontan una denuncia penal del Gobierno argentino por desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La acción judicial, formalizada este lunes por la administración que encabeza Javier Milei, señala que la corporación actúa sin los permisos preceptivos de Buenos Aires en la Cuenca Malvinas Norte, donde la Casa Rosada califica de ilegítimas las autorizaciones otorgadas bajo control británico.
El canciller argentino, Pablo Quirno, asume la presentación de la demanda en los tribunales con la intervención directa y el patrocinio del jefe de la Procuración del Tesoro, Sebastián Amerio. El núcleo del conflicto radica en el yacimiento Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago, cuya propiedad se distribuye entre la firma israelí, titular del 65 % del consorcio, y la británica Rockhopper Exploración, poseedora del 35 % restante.
Este proyecto marítimo atraviesa su fase técnica de desarrollo y mantiene como previsión iniciar la extracción comercial de crudo en 2028. Para el Ejecutivo argentino, cualquier actividad extractiva en esas aguas vulnera el marco normativo estatal al provenir los permisos de un «ilegítimo Gobierno del Reino Unido», por lo que reivindica la titularidad pública de los recursos frente a las licencias que emite la administración insular británica.
La iniciativa judicial coincide con la posición expresada dentro del propio gabinete de Israel por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. El titular israelí ha pedido al primer ministro Benjamin Netanyahu que declare que el archipiélago constituye «territorio argentino ocupado», reclamo que acompañó con la petición de imponer sanciones a Reino Unido y la acusación a Londres de esquilmar los yacimientos en perjuicio de la nación sudamericana.
El pleito profundiza la estrategia anunciada hace siete días por Javier Milei para incrementar las penalizaciones legales y económicas contra los operadores privados que extraen recursos en las islas sin aval de Buenos Aires. La cancillería enmarca esta causa dentro de la doctrina de Estado orientada a «proteger los recursos naturales» y blindar la soberanía territorial reclamada sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.
