Un referéndum es un mecanismo de participación directa en el que el electorado responde a una pregunta concreta sobre una norma o política. La clasificación principal se basa en la obligatoriedad del resultado para los poderes públicos: vinculante o consultivo.
En el caso del referéndum vinculante, la Constitución o la ley que lo regula establece que el resultado debe ser aplicado por el órgano competente. Una vez aprobada la propuesta, el Parlamento o el Gobierno están obligados a ejecutar la decisión sin posibilidad de modificarla, salvo que la propia normativa lo prevea mediante una nueva consulta.
El referéndum consultivo, por el contrario, solo recoge la opinión de los ciudadanos. El resultado tiene carácter informativo y no genera una obligación jurídica de acatarlo. Las autoridades pueden tomar la decisión final considerando la respuesta popular, pero pueden también discrepar o modificar la medida propuesta.
Ambas modalidades existen para equilibrar la soberanía popular con la estabilidad institucional. El referéndum vinculante se utiliza cuando se busca legitimar de forma definitiva una reforma constitucional o una cuestión de gran trascendencia. El consultivo sirve como herramienta de sondeo, permitiendo a los gobernantes medir el apoyo social antes de adoptar una política definitiva.
En la historia española, la Constitución de 1978 introdujo la posibilidad de referéndum vinculante para reformas constitucionales, mientras que la Ley Orgánica del Régimen Electoral establece también la figura de referéndum consultivo para consultas de carácter político o social, como la consulta sobre la permanencia de la base naval de Rota en 1995.
