Javier Perez Montes (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
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La Cámara Baja inicia el 1 de septiembre su último periodo de la legislatura con normas como la reforma de seguridad ciudadana encalladas.
La actividad parlamentaria ordinaria regresará al Congreso de los Diputados el próximo 1 de septiembre tras el parón estival, dando comienzo al último curso político de la legislatura con decenas de iniciativas legislativas paralizadas. Entre los proyectos encallados figuran propuestas tanto de los grupos de la oposición como del propio Ejecutivo y sus socios parlamentarios, quienes afrontan la necesidad de acelerar los trámites si pretenden sacar adelante antes del término del mandato un paquete de ocho normas clave, dentro del cual se incluyen la ley del cine, la ley de familias, la nueva ley de secretos oficiales y la reforma de la ley de seguridad ciudadana.
La Cámara Baja permanecía formalmente fuera del periodo ordinario de sesiones desde el pasado 1 de julio, un intervalo durante el cual únicamente se convocaron dos plenos de carácter extraordinario orientados a desatascar iniciativas que habían quedado pendientes de votación antes del verano. Con la reanudación del calendario oficial, el bloque que sustenta al Gobierno encara un escenario marcado por la acumulación de textos normativos en distintas fases de tramitación dentro de los órganos legislativos.
El bloqueo prolongado de la ley de seguridad ciudadana
La sustitución de la actual normativa de seguridad ciudadana, impulsada originalmente en 2015 bajo el mandato del Partido Popular y que continúa en vigor tras once años, representa uno de los proyectos cuya tramitación parlamentaria se encuentra en una fase más avanzada. Pese a que el Ejecutivo alcanzó un acuerdo a finales de 2024 con EH Bildu y ERC con el objetivo de reactivar el procedimiento legislativo, el texto acumula más de un año sin experimentar avances sustanciales en las comisiones correspondientes.
Durante las fases iniciales de dicho pacto, la iniciativa superó varias etapas formales en el Congreso con rapidez, pero las negociaciones se detuvieron con posterioridad ante la falta de consenso en puntos específicos de la redacción. A lo largo del verano anterior, representantes del PSOE mantuvieron un encuentro informal con formaciones aliadas como Sumar, EH Bildu, PNV y ERC para explorar vías de entendimiento que permitieran reactivar los trabajos en ponencia y comisión, una cita que concluyó sin acuerdos concretos.
Las discrepancias entre los socios parlamentarios
A lo largo de los últimos meses, el diálogo entre los grupos que respaldan la gobernabilidad se ha limitado a intercambios puntuales de documentos técnicos y enmiendas, dinámicas que hasta la fecha no han logrado resolver las diferencias sobre el articulado de la norma. La falta de consenso entre las formaciones de la mayoría habitual mantiene congelado el debate, reduciendo los márgenes temporales para su remisión definitiva al pleno y posterior envío al Senado.
El calendario institucional sitúa al Congreso ante su última oportunidad para completar la tramitación de estas ocho leyes prioritarias antes de la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria electoral. En el sistema parlamentario español, cualquier proposición o proyecto de ley que no complete todas sus fases de tramitación y aprobación en ambas cámaras antes del término formal de la legislatura decae de manera automática, obligando a registrar y reiniciar desde cero el procedimiento en el siguiente periodo parlamentario.
