La jueza desestima los cargos de homicidio imprudente y denegación de asistencia tras un caso vinculado al consumo de drogas en el hospital público cordobés
La Sala de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba ha absuelto este viernes a la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del hospital Reina Sofía de los delitos de denegación de asistencia sanitaria y dos homicidios imprudentes por la muerte de un paciente tras la ingesta de drogas durante su tratamiento. La acusación pedía entre nueve y doce años de prisión.
El fallo llega tras un proceso en el que se analizó si hubo negligencia en la atención al paciente, un caso que generó controversia por la relación entre el consumo de sustancias y los protocolos de salud mental en hospitales públicos. Según los hechos probados, el paciente falleció tras ingerir drogas fuera del entorno controlado del centro, aunque la defensa argumentó que el hospital cumplió con los protocolos establecidos.
El caso se enmarca en la Ley Orgánica 10/1995 de Código Penal, que regula los delitos contra la salud pública y la responsabilidad penal en casos de negligencia médica. La sentencia, aunque no establece precedentes vinculantes, refuerza la línea judicial que exige pruebas contundentes de omisión grave para condenar en estos casos, especialmente cuando el consumo de sustancias no se produce en el ámbito directo del centro sanitario.
La decisión afecta directamente a los 1.200 pacientes en tratamiento de salud mental en el hospital Reina Sofía, donde se revisarán los protocolos de seguimiento para evitar situaciones similares. El fallo también pone en evidencia los desafíos que enfrentan los hospitales públicos en la gestión de casos con consumo de drogas, un problema que, según datos de la Junta de Andalucía, afecta al 12% de los ingresos en unidades de salud mental en la región.
La Fiscalía ya ha anunciado que evaluará si recurre la sentencia, mientras que la defensa de la directora ha celebrado el veredicto como un reconocimiento a su gestión. El caso, sin embargo, deja abiertas preguntas sobre la responsabilidad institucional en estos casos, especialmente cuando el consumo de sustancias ocurre fuera del control directo del centro.
