En 2025 los Mossos desarticularon 98 redes criminales, 53 de narcotráfico, y realizaron 5.759 detenciones por tráfico de drogas
El Govern catalán ha presentado una proposición de ley urgente para endurecer las penas por tenencia ilícita de armas de fuego y aumentar las sanciones por tráfico de marihuana, una droga cuya producción y exportación desde Cataluña ha aumentado, afectando la seguridad comunitaria.
La iniciativa, impulsada por el president Salvador Illa, responde a un contexto de expansión del narcotráfico en la región, donde en 2025 los Mossos d’Escuadra desarticularon 98 redes criminales, 53 dedicadas al tráfico de drogas, y registraron 5.759 detenciones por este delito. Según datos oficiales, las detenciones incluyeron armas de fuego, un fenómeno que la consellera de Interior, Núria Parlon, califica de «efecto contagio» desde la delincuencia común.
La reforma busca elevar las penas por tenencia de armas, incluso si su uso es solo intimidatorio, y actualizar el Código Penal para reflejar el aumento de la toxicidad de la marihuana actual —con un THC mucho más potente que en décadas anteriores—. Los expertos advierten de sus efectos nocivos en el desarrollo cerebral de jóvenes, algo que el Govern vincula directamente a la necesidad de subir las condenas por tráfico, no solo por salud pública, sino para frenar la influencia del crimen organizado en la economía local.
Para hacer efectiva esta estrategia, el Ejecutivo catalán anunciará en diciembre la creación de 35 nuevas fiscalías y la ampliación de 91 unidades judiciales, medidas que buscan agilizar los juicios y reducir las demoras que, según Parlon, «aún persisten». Además, se reforzarán las unidades de investigación criminal especializada y se priorizará la presencia policial a pie de calle, con el objetivo de recuperar la «proximidad» perdida en años anteriores.
La propuesta cuenta con el respaldo de la Fiscalía y la judicatura, aunque su éxito dependerá de la coordinación con otros cuerpos de seguridad, como la Policía Nacional o la Guardia Civil, en un problema que el Govern califica de «global». Mientras, los Mossos mantienen su enfoque en la inteligencia criminal, para hacer frente a redes que,, aunque ya operan en zonas concretas con capacidad de condicionar la convivencia.
