Las testificales de Cristina Narbona y letrados del caso Koldo detallan maniobras para frenar causas que afectan al Gobierno
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, avanza en las diligencias sobre las actividades atribuidas a la exmilitante socialista Leire Díez. El magistrado y la Fiscalía Anticorrupción han tomado testimonio a diversos investigados y testigos para delimitar los posibles indicios delictivos cometidos durante los dos últimos años. Las pesquisas judiciales se centran en verificar si existió una operativa coordinada destinada a desestabilizar distintos procedimientos penales que comprometen tanto a la dirección del PSOE como al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Entre las comparecencias practicadas durante el pasado mes de julio figuran las explicaciones aportadas por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, junto a las de letrados vinculados a piezas judiciales de relevancia estatal. En sede judicial comparecieron José Aníbal Álvarez, quien asumió la primera defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y Leticia de la Hoz, abogada del antiguo asesor ministerial Koldo García. Ambos letrados expusieron ante el magistrado instructor los contactos y las maniobras que habría desplegado la investigada en torno a sus representados.
Las grabaciones de estas sesiones judiciales reflejan el funcionamiento interno que se atribuye a Leire Díez como presunta operadora extraoficial. De acuerdo con el contenido de las testificales analizadas por la Audiencia Nacional, los movimientos de la exafiliada se orientaban a intervenir sobre expedientes en curso para rebajar o desviar la presión procesal sobre cargos vinculados a la estructura gubernamental y orgánica del partido. El juzgado busca clarificar el alcance exacto de estas intervenciones y determinar si concurren delitos de tráfico de influencias o encubrimiento.
La causa que instruye el juez Pedraz sitúa el foco sobre los límites de las actuaciones de defensa y asistencia no formal en el perímetro de las formaciones políticas cuando afrontan causas por presunta corrupción. La Audiencia Nacional examina si las conductas atribuidas a Díez respondieron a iniciativas individuales o si formaron parte de una estrategia deliberada, en una fase de instrucción que determinará si los hechos investigados son constitutivos de juicio oral o derivan en el archivo de las actuaciones.
