La propuesta del PP de Castilla-La Mancha incluye desalojo exprés, impedir el empadronamiento de ocupantes y endurecer las penas.
El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, llevará de nuevo a las Cortes regionales la ley contra la ocupación ilegal de viviendas que su partido presentó en 2020 y que fue rechazada por el Parlamento autonómico, entonces con mayoría socialista. La iniciativa se convertirá en una de las primeras batallas políticas del próximo periodo de sesiones, que arranca en septiembre.
Núñez considera que la normativa impulsada por el PSOE hace seis años ha sido «insuficiente» y no ha resuelto un problema que, a su juicio, sigue siendo «muy evidente» en la región. En una entrevista con Europa Press, ha recordado que la ley del PP «está presentada en el Parlamento de Castilla-La Mancha y tiene que tramitarse en sede parlamentaria», y ha exigido al presidente de las Cortes, el socialista Pablo Bellido, que permita su tramitación, denunciando que permanece guardada «en un cajón».
El dirigente popular compara la situación con la del Congreso de los Diputados y sostiene que Bellido actúa de manera similar a la presidenta de la Cámara baja, Francina Armengol, al impedir que avancen las propuestas de su partido. La ley diseñada por el PP incluye mecanismos para facilitar el desalojo exprés, evitar que los ocupantes ilegales puedan empadronarse en la vivienda y solicitar un endurecimiento de las penas. Fue elaborada con el asesoramiento de un grupo de penalistas de la Universidad de Alcalá de Henares.
Núñez asegura que una parte de las medidas depende exclusivamente de Castilla-La Mancha y podría entrar en vigor de inmediato si recibe el respaldo de las Cortes. El líder popular sostiene que la ocupación se agrava en verano, cuando los propietarios abandonan temporalmente sus viviendas, y advierte de que una vivienda ocupada pierde valor y deteriora la calidad de vida de los vecinos.
La lucha contra la ocupación será una de las propuestas con las que el PP abrirá el curso político, junto a planes de choque para reducir las listas de espera sanitarias, medidas para garantizar agua a agricultores y ganaderos y nuevas bajadas de impuestos. Núñez ha avanzado que todas sus iniciativas formarán parte de su programa para las elecciones autonómicas de 2027, y ha rechazado aumentar el número de parlamentarios en la reforma del Estatuto: «Si tengo que elegir entre más diputados o más médicos, quiero más médicos».
