Sánchez exige explicaciones por la falta de acceso a un documento que apunta a implicación marroquí en la entrada de 80.000 inmigrantes
El Gobierno ha calificado de «extraño» el manejo del informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que sugiere que agentes marroquíes guiaron la entrada masiva de 80.000 inmigrantes en Ceuta el 30 de julio. El presidente Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, han mostrado su enfado por no haber tenido acceso a una documentación que, según Moncloa, fue filtrada de forma «interesada» y con información «manipulada».
La jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, recopila información para decidir si abre una causa judicial, aunque el Ejecutivo ya ha actuado: Grande‑Marlaska envió una carta a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, expresando su «preocupación» por la decisión de Tardón de restringir el informe a su equipo. Sánchez, en el Congreso, exigió explicaciones sobre por qué el CENIF no compartió el documento con el Gobierno, dado su «potencial implicación para la seguridad del Estado».
El Gobierno defiende que el informe no aporta «pruebas concluyentes» de la responsabilidad de Marruecos, aunque no descarta su implicación. Fuentes de Moncloa sugieren que los agentes marroquíes visibles en imágenes podrían haber actuado bajo órdenes de mafias, no del Gobierno alauí, que asegura haber abierto su propia investigación. Sánchez advirtió que, de confirmarse pruebas sólidas, España actuaría con «transparencia y contundencia».
En el ámbito diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó el 21 de agosto a la embajadora marroquí tras declaraciones de Rabat reclamando la soberanía de Ceuta y Melilla. Aunque la diplomática no estaba en España, Albares se reunió con el encargado de negocios y le comunicó los motivos de la convocatoria, siguiendo el protocolo. El Gobierno justificó la discreción por «prudencia» en relaciones internacionales, aunque sí ha hecho públicas otras convocatorias, como las de los embajadores de Israel o Italia tras declaraciones polémicas.
La Audiencia Nacional todavía debe decidir si es competente para iniciar una investigación de los hechos, tras la recopilación de información que ha hecho la jueza María Tardón. Existe la posibilidad —mínima— de que no halle indicios para abrir una causa específica o que traslade las pesquisas a otras instancias, lo que ha generado preocupación en Moncloa por la decisión de la magistrada de limitar el acceso a la documentación a su propio equipo.
Fuente: 20minutos
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