El Gobierno acelera la respuesta humanitaria mientras negocia con Marruecos la expulsión de adultos, pero Bruselas exige retornos y reubicación de menores
Ceuta ha abierto casi 2.000 plazas temporales de acogida para migrantes tras la entrada masiva de más de 80.000 personas por el espigón de El Tarayal el pasado 15 de agosto, un episodio que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó como «violación de la integridad territorial de España».
La ministra de Migraciones, Elma Saiz, permaneció en la ciudad autónoma durante casi una semana para supervisar la emergencia, mientras el Ministerio del Interior activaba un plan acelerado tras detectar el colapso en las calles. Las nuevas plazas, que podrían ampliarse hasta 4.000, buscan aliviar la saturación de los sistemas de acogida, aunque persisten dudas sobre su capacidad para evitar un nuevo colapso. Canarias, Ceuta y Melilla habían logrado hasta julio distribuir a menores no acompañados entre comunidades autónomas, pero la avalancha ha obligado a replantear la estrategia.
El Gobierno depende de Marruecos para ejecutar las expulsiones de adultos marroquíes, que representan la mayoría de los migrantes llegados. Un informe de la Comisión Europea en 2024 reveló que Rabat solo aceptaba el 8% de las órdenes de expulsión emitidas por países de la UE, pero fuentes ministeriales confirman que esta vez el reino alauita estaría dispuesto a colaborar. La clave, según las mismas fuentes, es mantener una relación de «complicidad» con el «socio fiable», especialmente ante las elecciones legislativas marroquíes del 23 de septiembre. Sin embargo, la expulsión masiva choca con la presencia de potenciales solicitantes de asilo y menores, que no pueden ser devueltos.
Bruselas observa con lupa la gestión española. La Comisión Europea exige retornos efectivos, pero también la reubicación de menores no acompañados en la Península, un mecanismo que España ya aplica por solidaridad y que ahora podría activarse por ley. El Ministerio de Juventud e Infancia propuso trasladar a 500 niñas y adolescentes, aunque la Moncloa teme que estos movimientos generen rechazo en otros Estados miembros. Mientras, la atención humanitaria sigue siendo la prioridad inmediata, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitando los barrios más afectados para evaluar la situación.
La crisis ha puesto a prueba los tres ejes de la política migratoria del Gobierno: control fronterizo, derechos humanos e integración. Hasta julio, las entradas irregulares habían caído un 24% gracias al freno en la ruta atlántica, pero el asalto a Ceuta ha obligado a replantear el equilibrio. La regularización extraordinaria de un millón de personas, aprobada antes de la crisis, podría verse afectada si la presión migratoria persiste, aunque el Ejecutivo insiste en que no se revertirán los avances logrados.
Fuente: La Vanguardia
