El ministro exige explicaciones a la Policía y acusa a PP y Vox de aprovechar la crisis para el partidismo
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reconoció este miércoles que el Gobierno tuvo conocimiento por la prensa de un informe de la Policía Nacional que responsabiliza a las autoridades marroquíes de la entrada ilegal de miles de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026.
Bolaños, en una comparecencia ante los medios, pidió «máxima cautela» al valorar el documento y aseguró que el Ejecutivo es el «primer interesado» en aclarar lo ocurrido. Subrayó que el Gobierno está analizando los detalles del informe, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, y que su contenido se dio a conocer a través de medios como El Español.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había solicitado explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, en una carta enviada esta madrugada. Bolaños añadió que «es el momento de recibir respuesta» a esa misiva, mientras el Gobierno insiste en que traslada a la ciudadanía la información de la que dispone.
Sobre las concentraciones convocadas hoy por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta, Bolaños mostró su «respeto» y garantizó que el Ejecutivo «está volcado» en la ciudad autónoma. Sin embargo, criticó a PP y Vox, que respaldan estas movilizaciones, por estar «encantados» con el agravamiento de la situación y acusó a ambos partidos de priorizar el «partidismo» frente a las soluciones.
La situación en Ceuta sigue siendo un tema de gran relevancia y preocupación para el Gobierno, que busca encontrar soluciones efectivas para abordar la crisis migratoria en la región. La colaboración entre las autoridades españolas y marroquíes será fundamental para encontrar una solución duradera y pacífica.
Además, la investigación sobre los hechos del 30 y 31 de julio en Ceuta sigue en marcha, y el Gobierno espera que la Policía Nacional y la Audiencia Nacional puedan esclarecer los acontecimientos y determinar las responsabilidades correspondientes. La transparencia y la rendición de cuentas serán clave para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que se haga justicia.
