Josep Vila convocó frente a la Policía Nacional tras la denuncia de Isaac Padrós por supuesta discriminación lingüística y trato vejatorio al renovar el DNI de su hija
La Asamblea Nacional Catalana (ANC), presidida por Josep Vila, convocó este lunes una concentración frente a la comisaría de la Policía Nacional en La Jonquera (Gerona) para apoyar al diputado de Junts en el Parlament Isaac Padrós, quien denunció un trato hostil, humillante y discriminatorio durante la renovación del DNI de su hija el pasado 29 de julio. Según imágenes difundidas por la propia ANC, entre 50 y 70 personas —la mayoría de edad avanzada— acudieron a la protesta, lejos de la capacidad de movilización que la entidad alcanzó durante el *procés*.
Padrós, que es invidente, relató que los agentes le exigieron hablar en español hasta en cuatro ocasiones durante el trámite y rechazaron aplicar la exención de tasa para familias numerosas al no haberlo comunicado al inicio. El diputado alegó que no pudo ver el cartel informativo en la pared debido a su ceguera. La discusión escaló hasta la intervención de siete agentes, según su denuncia, que ya ha sido presentada ante la Fiscalía por presuntos delitos de discriminación, coacciones y contra la integridad moral. La ANC respaldó su versión en un tuit: Todos con Isaac Padrós y con cada uno de los casos de discriminación lingüística que vivimos constantemente en el país.
La concentración refleja la tensión entre Junts y las fuerzas de seguridad del Estado, un conflicto recurrente desde 2017. Padrós, figura clave en la estrategia independentista del partido, ha centrado su discurso en la supuesta «catalanofobia» institucional, un relato que la ANC ha intentado revivir sin éxito en los últimos años. Vila, en su llamamiento, acusó al Estado de actuar con «prepotencia colonialista», aunque la baja asistencia cuestiona el impacto actual de la entidad, que en 2012 y 2014 logró movilizar a cientos de miles de personas en manifestaciones independentistas.
El caso se enmarca en un contexto legal donde la Generalitat ha impulsado leyes para proteger el uso del catalán en la administración, como la Ley de Derechos Lingüísticos de 2021, que obliga a los funcionarios a atender en la lengua elegida por el ciudadano. Sin embargo, la aplicación de estas normas choca con la competencia estatal en materia de seguridad, donde la Policía Nacional depende del Ministerio del Interior. La Fiscalía deberá determinar si los hechos denunciados por Padrós constituyen un delito, lo que podría reabrir el debate sobre los límites del bilingüismo en los servicios públicos.
La protesta de La Jonquera también pone de manifiesto la estrategia de Junts para mantener viva la confrontación con el Estado, especialmente tras la ruptura del gobierno de coalición con ERC en 2025. Padrós, cercano al expresidente Carles Puigdemont, ha intensificado sus críticas a las instituciones españolas en los últimos meses, coincidiendo con la negociación de los presupuestos autonómicos y la posible reactivación de la vía independentista. La ANC, por su parte, busca recuperar relevancia tras años de declive, aunque su capacidad de convocatoria sigue siendo testimonial.
