Rita Flores, conocida como Margarita Konovalova, denunció que el servicio secreto ruso la obligó a espiar a activistas y planeó secuestrar a Pyotr Verzilov en Serbia
La exintegrante del colectivo feminista ruso Pussy Riot, Rita Flores —cuyo nombre real es Margarita Conivalva—, ha denunciado que el servicio de seguridad ruso (FSB) la obligó a trabajar como espía durante tres años bajo amenazas contra su familia. En declaraciones al medio ruso Port, Flores detalló que agentes del FSB la detuvieron en su apartamento de Moscú en febrero de 2023 y le advirtieron de que podría ser procesada o «desaparecer sin dejar rastro» si se negaba a colaborar.
Bajo el nombre en clave «Harley», Flores recibió la orden de recopilar información sobre artistas y activistas políticos, incluyendo a otros miembros de Pussy Riot. Según su testimonio, el FSB buscaba conocer sus hábitos, vulnerabilidades y contactos. En el verano de 2025, el servicio secreto le encomendó atraer a Pyotr Verzino, portavoz no oficial del grupo, a Serbia para facilitar su secuestro y asesinato, un plan que frustró al contactar con un abogado para huir de Rusia.
El caso de Flores se enmarca en la represión sistemática contra Pussy Riot, declarado «organización extremista» por un tribunal de Moscú en diciembre de 2025. La prohibición de sus actividades en Rusia ha llevado al encarcelamiento, procesamiento o exilio de varios de sus integrantes, tras años de protestas contra el presidente Vladimir Putin y la invasión de Ucrania. Verzino, uno de los objetivos del FSB, reside actualmente fuera del país.
La denuncia de Flores añade un nuevo capítulo a la estrategia del Kremlin para desarticular a la disidencia. En 2024, otro miembro de Pussy Riot, Maria Alyokhina, escapó de Rusia tras ser condenada a prisión por «incitar al odio», mientras que el grupo ha mantenido su activismo desde el exilio, con acciones simbólicas en Europa y Estados Unidos. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado el uso de chantajes y amenazas contra familiares como método recurrente del FSB para reclutar informantes.
El testimonio de Flores coincide con un endurecimiento de las leyes rusas contra la oposición, que incluye penas de hasta 15 años de prisión por «difundir información falsa» sobre el ejército o el gobierno. Desde 2022, más de 20.000 personas han sido detenidas en Rusia por protestar contra la guerra en Ucrania, según datos de la ONG OVD-Info.
Fuente: El Debate (Internacional)
