Exteriores respalda al tribunal por su papel en la investigación de crímenes de guerra en Gaza y reafirma el cumplimiento del Estatuto de Roma
El Gobierno español ha condenado este miércoles las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI), Tomoko Akane, y el abogado senegalés Abdoulaye Seye, calificándolas de «ataque flagrante» contra la independencia de la corte. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha subrayado que el TPI, con sede en La Haya, «desempeña una función indispensable para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad».
Las medidas, anunciadas el martes por el Departamento del Tesoro estadounidense, responden a la investigación del TPI sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, justificó las sanciones acusando a Akane y Seye de intentar «detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios de gobiernos que no han ratificado el Estatuto de Roma», lo que, según Washington, «sienta un peligroso precedente».
El Gobierno español ha rechazado este argumento y ha recordado que el mandato del TPI emana de los 123 Estados miembro que han ratificado el Estatuto de Roma, tratado fundacional del tribunal. Exteriores ha destacado que España «continuará cumpliendo íntegramente sus compromisos derivados del Estatuto» y ha trasladado su «plena solidaridad» a los jueces, fiscales y personal afectados por las sanciones. La declaración subraya que el TPI es «la piedra angular del sistema de justicia penal internacional».
La tensión entre Washington y el TPI se enmarca en un contexto más amplio de divergencias sobre la jurisdicción del tribunal. Mientras EE.UU. —que no es Estado parte del Estatuto de Roma— ha criticado en el pasado las investigaciones del TPI sobre Afganistán e Irak, España y otros países europeos han defendido su independencia. La UE, por ejemplo, ha reiterado en múltiples ocasiones su apoyo al tribunal, especialmente tras la emisión de órdenes de arresto contra líderes rusos por crímenes en Ucrania.
El Estatuto de Roma, en vigor desde 2002, otorga al TPI competencia para juzgar genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. España lo ratificó en 2000 y, según el comunicado de Exteriores, «respetará y garantizará el ejercicio pleno de su jurisdicción». La posición del Gobierno español coincide con la de otros socios europeos, como Alemania y Francia, que también han rechazado las sanciones estadounidenses.
