La portavoz del Gobierno vincula el ultimátum de 30 días del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, a la influencia de Feijóo y tacha de «incomprensible» el giro migratorio del PP
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado a la dirección nacional del PP de entorpecer la colaboración entre administraciones durante la crisis migratoria en Ceuta, al participar en actos con «agitadores» y utilizar «palabras altisonantes» contra el Ejecutivo. En una entrevista en la Cadena Ser, Saiz cuestionó el papel de los líderes populares en la ciudad autónoma, donde el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, dio un ultimátum de 30 días al Gobierno para resolver la situación tras la entrada masiva de 70.000 personas a finales de julio.
Saiz rechazó que el PP actúe como «partido de Estado» y vinculó el cambio en su discurso migratorio a sus «alianzas con la ultraderecha». «¿Vienen a colaborar o a hacerse fotos con agitadores?», se preguntó, aludiendo a las visitas de dirigentes populares a Ceuta. La ministra defendió la respuesta del Gobierno desde el 30 y 31 de julio, asegurando que la ciudad «ni está ni va a estar sola», y calificó a Marruecos como «socio fiable», esencial para gestionar la crisis.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, intensificó las críticas al atribuir el tono de Vivas a la influencia de Alberto Núñez Feijóo. En declaraciones a Europa Press, Puente acusó al líder del PP de «contaminar» a otros dirigentes con su estrategia, incluyendo al presidente ceutí. La tensión se produce en un contexto donde el Gobierno central y el ejecutivo local, liderado por Vivas (PP), mantienen discrepancias sobre la gestión de la frontera y la presión migratoria, agravada por la llegada masiva de personas en apenas dos días.
La crisis en Ceuta, ciudad autónoma con estatus especial y frontera terrestre con Marruecos, ha reavivado el debate sobre la coordinación entre administraciones. Mientras el Gobierno destaca su despliegue desde el primer día, el PP acusa al Ejecutivo de falta de previsión y de priorizar la relación con Rabat sobre las necesidades locales. La entrada de 70.000 personas —un récord histórico en tan corto plazo— ha puesto a prueba los recursos de la ciudad, donde el Gobierno central asumió competencias directas en materia de seguridad y acogida.
El ultimátum de Vivas, que exige soluciones concretas en un mes, refleja la fractura entre el PP local y el Gobierno de Pedro Sánchez. La portavoz del Ejecutivo evitó responder directamente al plazo, pero insistió en que la colaboración con Marruecos es «imprescindible» para evitar nuevos episodios. La polémica se suma a las tensiones previas por la gestión de las devoluciones en caliente y la aplicación del acuerdo migratorio con el país vecino, en vigor desde 2022.
Fuente: El Debate
