El magistrado cita al exjefe de gabinete de Sánchez tras unir causas por presuntos delitos de organización criminal y cohecho
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha asumido la investigación completa contra la exmilitante del PSOE Leire Díez y otros cinco implicados por presuntas maniobras para invalidar causas judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y a su entorno familiar. La decisión, adoptada mediante providencia, integra las diligencias iniciadas en 2025 por el juez Arturo Zamarriego en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid, quien renunció a la causa la pasada semana a instancias de la Fiscalía.
Pedraz amplía el alcance de la investigación, que ahora incluye al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, al empresario Antón Alonso, al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y a la gestora del partido Ana María Fuentes. Los delitos investigados abarcan organización criminal, cohecho, revelación de secretos, falsedad documental y tráfico de influencias, según detalla la providencia. La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), ya ha registrado la sede del PSOE en Ferraz para recabar documentación sobre presuntos pagos a Díez.
El magistrado ha citado esta semana al exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, para verificar el clonado de su teléfono móvil, una diligencia recurrida por Serrano. La comparecencia, programada en agosto —mes inhábil en la Justicia—, subraya la urgencia que Pedraz otorga al caso, que vincula directamente a altos cargos del partido gobernante con una supuesta red de influencias para alterar procesos judiciales.
La causa se enmarca en un contexto de tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial, agravado por reformas legales como la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la ley de amnistía. El PSOE, que niega cualquier irregularidad, enfrenta ahora una investigación que podría salpicar a su cúpula dirigente, incluyendo a figuras clave en la gestión de Sánchez. La Audiencia Nacional, competente en delitos de especial gravedad, asume así un caso con potencial para redefinir las relaciones entre política y justicia en España.
Entre los investigados también figuran el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, vinculados inicialmente por Zamarriego a los delitos de cohecho y tráfico de influencias. La conexión entre estos actores y los exdirigentes socialistas sugiere una trama compleja, donde se entrelazan intereses económicos, mediáticos y políticos. La documentación incautada en Ferraz podría esclarecer el papel de cada implicado en la presunta red.
Fuente: Agencia EFE
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