El PP exige un calendario público tras gastar cinco millones en instalaciones provisionales y negar a las familias un compromiso escrito
El Instituto Escuela Els 30 Passos, en el barrio barcelonés de La Sagrera, sigue funcionando en instalaciones provisionales una década después de su apertura en el curso 2016-2017, pese a que las familias llevan años reclamando el edificio definitivo prometido. El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, denunció esta semana que «una generación entera de niños ha pasado por esta escuela sin conocer nunca el edificio que les prometieron», mientras el Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) —integrado por la Generalitat y el Ayuntamiento— incumple plazos repetidamente: ni se cumplió el de 2022 ni se cumplirá el de 2027.
La asociación de familias de la escuela (AFTP) elevó su protesta a la Sindicatura de Cuentas tras constatar que, en estos diez años, se han invertido hasta cinco millones de euros en mantener los barracones provisionales. En una reunión reciente con responsables del CEB y del Departamento de Educación, las familias solicitaron un calendario de obras definitivo, el inicio de prospecciones del terreno y medidas para proteger a los alumnos durante las obras. La respuesta fue un rechazo a todas sus demandas: según el comunicado posterior de la AFTP, les dijeron «que no a todo, y que quién nos hemos creído, que la escuela no es nuestra ni somos interlocutores válidos».
Sirera atribuye el retraso a la «incompetencia» de las administraciones gobernadas por el PSC, con Salvador Illa al frente de la Generalitat y Jaume Collboni como alcalde de Barcelona. «Ya no pueden pasarse la pelota», advirtió, exigiendo que «pongan fecha a las obras y cumplan». El PP anunció además que impulsará una auditoría de todos los equipamientos educativos pendientes en la ciudad, con un calendario público «centro por centro, obra por obra, con fechas, presupuesto y responsables».
El caso de Els 30 Passos ilustra un patrón más amplio: según datos del propio CEB, en Barcelona hay al menos 15 centros educativos que funcionan en módulos prefabricados desde hace más de cinco años, algunos con proyectos de construcción paralizados o sin fecha de inicio. La normativa catalana establece que las instalaciones provisionales no deben superar los tres años, salvo excepciones justificadas, pero no prevé sanciones por incumplimiento. Las familias afectadas, organizadas en plataformas como «Escoles en Barracones», han llevado su protesta a los tribunales en al menos tres ocasiones, sin que ninguna sentencia haya acelerado las obras.
El conflicto se agrava en un contexto de alta demanda educativa en la ciudad: en el último curso, el CEB registró 3.200 solicitudes de plaza denegadas por falta de espacio, un 12% más que el año anterior. Mientras, el Ayuntamiento de Barcelona destinó en 2025 un presupuesto de 45 millones de euros a la construcción de nuevos centros, pero solo se ejecutó el 68% por retrasos en licitaciones y problemas con los terrenos.
