El presidente del Senado y el líder ceutí del PP piden un marco jurídico que evite «colisiones normativas» y agilice los retornos tras la crisis de julio
El presidente del Senado, Pedro Rollán, y el presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), han reclamado este jueves un nuevo marco legal que permita al Estado responder «con inmediatez y contundencia» a entradas masivas de migrantes, como la registrada a finales de julio en la ciudad autónoma.
Durante un encuentro en el Palacio Autonómico de Ceuta, Rollán abogó por revisar la normativa actual para dotar al Gobierno de herramientas que agilicen los retornos de personas en situación irregular. «No debe existir colisión entre normativas», señaló, subrayando la necesidad de un marco jurídico «con garantías» que evite demoras en las expulsiones. Vivas, por su parte, criticó el «abandono» del Ejecutivo central y exigió el fin «inmediato» de la crisis, que calificó de «insoportable» para la ciudad.
La propuesta busca evitar que se repitan situaciones como la del pasado mes, cuando más de 800 migrantes cruzaron la frontera en menos de 48 horas, según datos de la Delegación del Gobierno en Ceuta. Vivas lamentó que el Estado no hubiera estado a la altura y reclamó mecanismos que aceleren los procesos de expulsión. Rollán, en línea con su cargo institucional, evitó culpar directamente al Gobierno, pero insistió en la necesidad de sacar lecciones para prevenir futuros episodios.
El marco legal actual, regulado por la Ley de Extranjería y los protocolos de la UE, exige trámites individuales para cada retorno, lo que ralentiza las expulsiones masivas. La reforma que plantean Rollán y Vivas implicaría modificar esta normativa para permitir respuestas automáticas, aunque no detallaron cómo compatibilizarían estas medidas con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales.
La crisis migratoria en Ceuta ha tensionado la relación entre el Gobierno central y el PP, que gobierna la ciudad autónoma con mayoría absoluta. Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha defendido la gestión de los recursos desplegados —incluyendo la intervención de la UME y la Guardia Civil—, Vivas ha denunciado «incomprensión e impotencia» por la falta de soluciones estructurales. La propuesta de Rollán, aunque formulada desde su rol institucional, coincide con la línea del PP de endurecer las políticas migratorias, un tema clave en su estrategia electoral.
La última reforma de la Ley de Extranjería, aprobada en 2022, ya introdujo cambios para agilizar los procedimientos, pero no contempla mecanismos automáticos para crisis como la de Ceuta. La iniciativa de Rollán y Vivas reabre el debate sobre hasta qué punto puede el Estado priorizar la «contundencia» sin vulnerar garantías legales, un equilibrio que el Tribunal Constitucional ha señalado en sentencias previas como límite infranqueable.
