La ministra de Igualdad asegura que las niñas están en «espacios seguros» y detalla el despliegue de un centro de crisis 24 horas en la ciudad autónoma
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha negado este viernes que las niñas menores migrantes llegadas a Ceuta a finales de julio «deambulen» por la ciudad autónoma y ha confirmado que un varón agresor ya ha sido expulsado del territorio. Sus declaraciones llegan tras visitar un punto violeta en Cabezón de Pisuerga (Valladolid), donde subrayó que el Gobierno prioriza la protección de estos menores en una crisis que calificó de «problema de Estado».
Redondo aseguró que las autoridades ceutíes informan de que las menores «tienen espacios seguros» y están «atendidas y seguras en todo momento». Como ejemplo, citó la apertura de un centro de crisis 24 horas en Ceuta, que atiende tanto a mujeres agredidas como a niñas migrantes. La ministra insistió en que se cumple la ley y que «se va a expulsar absolutamente a todos los agresores» identificados, aunque no precisó cuántos casos están en investigación.
La coordinación con las administraciones locales ha sido clave: Redondo destacó el «diálogo fluido» con la unidad de violencia de género de Ceuta y con la consejera de Igualdad de la ciudad autónoma. Además, el Gobierno ha puesto a disposición recursos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incluyendo fondos remanentes de años anteriores, para reforzar la protección de las menores. También se han mantenido reuniones con ONG, organizaciones feministas y de derechos humanos para monitorear la situación.
La ministra enmarcó la crisis como un problema de Estado que afecta a la soberanía española y requiere la colaboración de todas las administraciones. Aunque no detalló plazos, subrayó que el objetivo es normalizar la situación en la mayor brevedad posible, dada su dimensión enorme en términos humanitarios y de derechos. La respuesta institucional incluye, además del centro de crisis, la activación de protocolos específicos para garantizar la seguridad de las menores.
El contexto legal se rige por la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, que obliga a las administraciones a garantizar la atención inmediata de los menores en situación de desamparo. Ceuta, como ciudad autónoma, tiene competencias transferidas en materia de servicios sociales, pero el Gobierno central asume la coordinación en crisis de esta magnitud. La expulsión de agresores, como la confirmada por Redondo, se enmarca en la Ley de Extranjería, que permite la devolución de extranjeros en situación irregular cuando suponen un riesgo para el orden público.
