Empresas de sondeos, publicidad y logística activan equipos en junio para cumplir plazos legales tras el anuncio de Sánchez
El anuncio de Pedro Sánchez el 29 de mayo de 2023 de convocar elecciones generales para el 23 de julio activó de inmediato a empresas clave en la logística electoral, pese a que este tipo de comicios representa una fracción minoritaria de su facturación anual. Consultoras de comunicación política, agencias de publicidad, imprentas y servicios de mensajería comenzaron a movilizar personal en junio para adaptarse a los plazos legales, según fuentes del sector recogidas por ABC.
La maquinaria electoral en España depende de un ecosistema de proveedores que, aunque no centran su negocio en los comicios, deben garantizar el cumplimiento de requisitos como la impresión de papeletas, el montaje de actos o la distribución de material. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece plazos estrictos para estas tareas: por ejemplo, las candidaturas deben presentarse entre el 30 y el 35 día posterior a la convocatoria, y las papeletas deben estar disponibles al menos 15 días antes de la votación.
Para empresas como las imprentas especializadas en documentación electoral, el adelanto de las elecciones —anunciado con menos de dos meses de antelación— supuso un desafío operativo. En 2019, las elecciones generales de abril y noviembre ya habían obligado a duplicar turnos en algunos talleres, pero la convocatoria de 2023 llegó en plena temporada estival, cuando muchas plantillas reducen su actividad. A diferencia de los consultores políticos independientes, cuya facturación depende casi en exclusiva de campañas electorales, el resto de actores del sector priorizan este trabajo por su impacto en su reputación y relaciones institucionales.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, fue uno de los primeros líderes autonómicos en reaccionar públicamente al anuncio, aunque su partido —el PP— ya había iniciado contactos con proveedores logísticos días antes. La coordinación entre formaciones políticas y empresas se intensificó en las semanas siguientes, especialmente en áreas como la publicidad exterior, donde la normativa municipal limita los plazos para instalar vallas y cartelería.
El sector de sondeos electorales, por su parte, activó equipos para realizar encuestas en tiempo récord. Empresas como Sigma Dos o 40dB, habituales en procesos electorales, ajustaron sus metodologías para cumplir con los plazos de publicación fijados por la Junta Electoral Central, que prohíbe difundir sondeos en los cinco días previos a la votación. La rapidez en la convocatoria también afectó a los medios de comunicación, que tuvieron que reorganizar sus coberturas informativas con menos margen del habitual.
Fuente: ABC (Elecciones)
