El Ministerio de Albares niega resistencia a la Ley de Memoria Democrática, pero no desmiente cambios en instrucciones ni incumplimiento de transparencia
La Asociación de Diplomáticos Españoles alertó ayer de que el Servicio Exterior español arrastra «décadas de desatención rayana a la desidia» y exige mayor atención institucional. La denuncia coincide con la adjudicación de puestos en Washington, Ginebra, Panamá y Bruselas a altos cargos de la Agencia Tributaria, sin relación con investigaciones sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, respondió a las críticas sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática con un desmentido enviado por WhatsApp, sin adjuntar documentación. El texto negaba que «ningún consulado se opusiera o resistiera» a la ley, pero el medio que publicó la información original aclaró que el conflicto no era con la norma, sino con una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, firmada por Sofía Puente Santiago, que excedía lo aprobado por las Cortes.
El sindicato CIF, mayoritario entre los funcionarios consulares, advirtió a la Junta Electoral Central de que la elección de la circunscripción electoral no puede depender del «cónsul de turno». La Junta encomendó a la Oficina del Censo Electoral una instrucción con criterios escritos de arraigo, mientras el Tribunal Supremo analizará el 7 de septiembre medidas cautelares sobre el censo electoral, a raíz de un recurso de Iustitia Europa.
El desmentido de Exteriores omite que el criterio de la directora general cambió por escrito en días y que el ministerio incumple desde 2023 una resolución del Consejo de Transparencia, que le ordenó entregar las pautas interpretativas enviadas a los consulados. Albares atribuyó la entrada masiva de migrantes a bulos y a una internacional reaccionaria, sin asumir responsabilidad.
La visita de Albares a Ceuta, presentada como la primera de un ministro de Exteriores en la historia, reforzó la narrativa marroquí de un «contencioso entre Estados», en lugar de tratarlo como un asunto de orden público y frontera interior. Mientras, el Gobierno elevó a 80.000 la cifra de personas que entraron en la ciudad, sin activar recursos sanitarios adicionales.
Fuente: El Debate
