Cuatro denuncias por presunta malversación y prevaricación convergen en un único procedimiento tras la adquisición del inmueble a través de la empresa pública Planifica Madrid
La decisión judicial unifica las cuatro acciones legales presentadas hasta la fecha tras descartarse la apertura de diligencias independientes en la Fiscalía Provincial de Madrid, con el objetivo de determinar si existieron delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, administración desleal o falsedad documental en la tramitación del expediente.
La operación se formalizó el 14 de abril sin figurar en el presupuesto anual de la entidad pública ni en su portal de transparencia, haciéndose pública a finales de julio tras una información difundida por el diario El País. La vivienda, ubicada en el paseo del General Martínez Campos, cuenta con cinco dormitorios, terraza, sala de cine y estancia para el servicio. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, justificó la transacción como una solución provisional de trabajo para albergar reuniones institucionales durante las obras de remodelación de la Real Casa de Correos, actual sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol.
El uso del inmueble generó discrepancias de encaje urbanístico debido a que la finca figura registrada en el Catastro para uso residencial, una categoría que la normativa municipal madrileña impide transformar en oficinas en las plantas superiores de los edificios de viviendas. Días después de conocerse los detalles de la compra, Planifica Madrid anunció la puesta a la venta del inmueble dentro de un paquete de activos valorado en unos 20 millones de euros, cuyos fondos el Ejecutivo autonómico prevé destinar a la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios en la Sierra Oeste.
El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha establecido un plazo de 15 días para que la Comunidad de Madrid y Planifica Madrid presenten sus alegaciones y documentación sobre la operación, tras lo cual se procederá a la citación de los responsables de la operación para que declaren ante el juez.
La Comunidad de Madrid ha mantenido que el ático se adquirió para ser utilizado como espacio de trabajo temporal durante las obras de la Real Casa de Correos, y que no se utilizará como residencia oficial de la presidenta. Sin embargo, la oposición ha cuestionado la transparencia de la operación y ha solicitado la apertura de una investigación para determinar si hubo irregularidades en la tramitación del expediente.
La compra del ático ha generado una gran polémica en la Comunidad de Madrid, y ha llevado a la oposición a presentar varias denuncias contra la presidenta y la Comunidad de Madrid. La decisión del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid de unificar las cuatro acciones legales presentadas es un paso importante en la investigación y puede tener importantes consecuencias para la presidenta y la Comunidad de Madrid.
Fuente: El Español
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