El ministro Óscar López asegura que se analizarán todas las implicaciones de seguridad antes de autorizar la planta, próxima al arsenal militar y a Navantia
El Gobierno ha confirmado este domingo que no descarta la instalación de la automovilística china SAIC en Ferrol, a pesar de los informes de Defensa e inteligencia que advierten sobre riesgos para la seguridad nacional por su proximidad al arsenal militar y a las instalaciones de Navantia, donde se desarrollan programas con tecnología estadounidense. Así lo ha manifestado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien ha insistido en que el Ejecutivo estudiará todos los aspectos vinculados al proyecto antes de adoptar una decisión definitiva.
López ha negado que el Gobierno contemple en estos momentos rechazar la operación por este motivo. La futura planta de SAIC, una de las mayores inversiones industriales previstas en Ferrol en años, generaría empleo y reactivaría la economía de una comarca dependiente del sector naval, un factor que el Gobierno también valora en su evaluación.
Los informes técnicos que han trascendido alertan sobre posibles vulnerabilidades derivadas de la cercanía de la planta a infraestructuras críticas, como el arsenal militar y las instalaciones de Navantia, donde se fabrican buques y sistemas para la OTAN. Pese a ello, López ha negado que el Gobierno contemple en estos momentos rechazar la operación por este motivo.
El proyecto de SAIC ha generado expectativas en Ferrol, donde se espera que la inversión impulse la creación de puestos de trabajo en una zona con alta dependencia del sector naval. Sin embargo, la decisión final dependerá de la capacidad del Gobierno para equilibrar los beneficios económicos con las exigencias de seguridad, un desafío que ya ha generado debate entre los ministerios implicados. López ha negado que el Gobierno contemple en estos momentos rechazar la operación por este motivo.
La operación se enmarca en un contexto de creciente escrutinio sobre inversiones extranjeras en sectores estratégicos, especialmente cuando involucran a países con los que España mantiene relaciones complejas en materia de seguridad. Aunque el Gobierno no ha detallado qué condicionantes podrían imponerse a SAIC, fuentes cercanas al proceso señalan que podrían incluir restricciones en el acceso a determinadas tecnologías o la supervisión de actividades sensibles cerca de instalaciones militares.
